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La Audiencia de Valencia confirma la imputación de Salomé Pradas por su gestión durante la DANA y rechaza investigar a otros responsables
La decisión del tribunal se basa en evidencias de incumplimiento de deberes en la alerta a la población.
Publicado: 19 de junio de 2025, 12:39
La Audiencia de Valencia ha confirmado la imputación de la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, en relación con la gestión de la DANA, un episodio que cobró la vida de 228 personas y dejó importantes secuelas en varias localidades de la región. La decisión, ratificada por unanimidad por la Sección Segunda del tribunal, implica que la exconsellera no adoptó las medidas necesarias para proteger a la población tras recibir alertas sobre el incremento de caudales de agua. Este fallo surge en un contexto en el que se ha ampliado el debate sobre las responsabilidades en la gestión de emergencias, enfatizando que no solo Pradas, sino otros funcionarios también estaban involucrados, aunque no se les atribuyó responsabilidad penal.
El auto emitido por la Audiencia indica que la decisión de imputar a Pradas era 'procesalmente inevitable', dado que la jueza de instrucción, Nuria Ruiz Tobarra, había presentado fundamentos sólidos para considerar que la exconsellera tenía la responsabilidad de actuar para prevenir la tragedia. Hasta ahora, el tribunal ha desestimado los recursos de apelación presentados por Pradas, quien argüía que su imputación se debía a una 'maraña normativa' y que la responsabilidad recaía en múltiples organismos y no exclusivamente en ella.
Además de la confirmación de la imputación de Pradas, el tribunal rechazó investigar a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, y al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo. La Audiencia argumenta que no se presentan suficientes evidencias de responsabilidad penal en estos casos, a pesar de que las acusaciones populares habían argumentado que su inacción contribuyó a la catástrofe. La situación ha abierto un amplio debate sobre la responsabilidad política y administrativa en la gestión de emergencias en la Comunidad Valenciana, especialmente tras el análisis reciente de la gestión post-DANA que ha revelado fallos críticos en la comunicación y respuesta institucional.
El auto emitido por la Audiencia indica que la decisión de imputar a Pradas era 'procesalmente inevitable', dado que la jueza de instrucción, Nuria Ruiz Tobarra, había presentado fundamentos sólidos para considerar que la exconsellera tenía la responsabilidad de actuar para prevenir la tragedia. Hasta ahora, el tribunal ha desestimado los recursos de apelación presentados por Pradas, quien argüía que su imputación se debía a una 'maraña normativa' y que la responsabilidad recaía en múltiples organismos y no exclusivamente en ella.
Además de la confirmación de la imputación de Pradas, el tribunal rechazó investigar a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, y al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo. La Audiencia argumenta que no se presentan suficientes evidencias de responsabilidad penal en estos casos, a pesar de que las acusaciones populares habían argumentado que su inacción contribuyó a la catástrofe. La situación ha abierto un amplio debate sobre la responsabilidad política y administrativa en la gestión de emergencias en la Comunidad Valenciana, especialmente tras el análisis reciente de la gestión post-DANA que ha revelado fallos críticos en la comunicación y respuesta institucional.