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La Audiencia de Sevilla embarga el salario de Miguel Carcaño para indemnizar a la familia de Marta del Castillo
La decisión busca cubrir la responsabilidad civil de 360.000 euros que debe pagar el condenado a la familia de la víctima.
Publicado: 15 de septiembre de 2025, 20:15
La Audiencia Provincial de Sevilla ha decidido embargar el salario que Miguel Carcaño, condenado por el asesinato de Marta del Castillo, percibe en la prisión, con el objetivo de cubrir la responsabilidad civil de 360.000 euros que debe pagar a la familia de la víctima. Carcaño, que actualmente recibe aproximadamente 644 euros al mes, podrá retener solo 200 euros para sus gastos personales, ya que se considera que sus necesidades básicas están cubiertas por el Estado.
El embargo se aplicará mensualmente y, a pesar de que fue implementado en el centro penitenciario de Ciudad Real, ha continuado en su nuevo destino en la prisión de Málaga II, donde fue trasladado tras ser encontrado con dispositivos electrónicos prohibidos. Esto ha atraído atención debido a que el caso de Marta del Castillo ha impactado a la sociedad española, y las circunstancias de Carcaño han sido objeto de múltiples versiones desde su condena en 2009.
En España, los presos tienen la opción de trabajar en prisiones por salarios bajos que oscilan entre 200 y 300 euros al mes, lo que contrasta con el salario mínimo interprofesional de 1.134 euros. La medida de embargo busca asegurar que los delincuentes cumplan con sus responsabilidades civiles hacia las víctimas.
El embargo se aplicará mensualmente y, a pesar de que fue implementado en el centro penitenciario de Ciudad Real, ha continuado en su nuevo destino en la prisión de Málaga II, donde fue trasladado tras ser encontrado con dispositivos electrónicos prohibidos. Esto ha atraído atención debido a que el caso de Marta del Castillo ha impactado a la sociedad española, y las circunstancias de Carcaño han sido objeto de múltiples versiones desde su condena en 2009.
En España, los presos tienen la opción de trabajar en prisiones por salarios bajos que oscilan entre 200 y 300 euros al mes, lo que contrasta con el salario mínimo interprofesional de 1.134 euros. La medida de embargo busca asegurar que los delincuentes cumplan con sus responsabilidades civiles hacia las víctimas.