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La Audiencia de Granada investiga a Juana Rivas mientras el padre teme por la entrega de su hijo menor a Italia
La situación se complica con denuncias cruzadas y la preocupación por el bienestar del menor en medio de procesos judiciales.
Publicado: 25 de julio de 2025, 06:38
La situación en torno a la entreg del hijo menor de Juana Rivas, Daniel, a su padre Francesco Arcuri, ha tomado un giro crítico con la investigación que la Audiencia de Granada ha iniciado contra la madre por un presunto delito de sustracción de menores. Finalmente, el tribunal ha decidido que, a pesar de las objeciones planteadas, Juana Rivas debía cumplir con la entrega de su hijo, que tuvo lugar el pasado 25 de julio en los juzgados de La Caleta, Granada. La Audiencia ha argumentado que Rivas ha mostrado "manifiesta voluntad por incumplir" la entrega de su hijo a Arcuri, quien tiene custodia del menor según las decisiones anteriores de la justicia italiana.
El complejo entramado familiar ya ha estado marcado por tensiones, con el hijo mayor de la pareja denunciando supuestas coacciones por parte de su padre para que su hermano menor regrese a Italia. La carta presentada por el hijo mayor revela su preocupación por la seguridad de Daniel y su deseo de que el menor no sea sometido a lo que él mismo vivió en el pasado, haciendo eco de sus propias experiencias de presunto maltrato.
El mismo día de la entrega, las condiciones eran muy diferentes a las de un primer intento fallido, donde la entrega debió ser pospuesta por la presencia masiva de medios de comunicación y la tensión emocional que generó en el menor. A raíz de esto, el juzgado impuso estrictas medidas de privacidad para el proceso, que incluyó el acceso solo para los progenitores y sus abogados y la ejecución directa desde el garaje de los juzgados. Esto se logró con un amplio despliegue policial para garantizar que la entrega pudiera realizarse sin incidentes.
La entrega del menor a su padre, el italiano Francesco Arcuri, se llevó a cabo en un ambiente controlado por profesionales, incluyendo psicólogos y trabajadores sociales, quienes fueron designados para asegurar que el intercambio se realizaría de la manera más saludable para el niño. A pesar de estos esfuerzos, el proceso no estuvo exento de controversia, ya que el entorno judicial se encuentra todavía marcado por las acusaciones de maltrato que enfrenta Arcuri y los temores expresados por el menor respecto a su regreso a Italia. El ministro de Justicia se ha comprometido a monitorear la situación del menor, garantizando su bienestar en caso de que se concrete la entrega. En medio de esta situación, el ayuntamiento de Maracena ha solicitado a la justicia española evitar la entrega inmediata, lo que añade otra capa de complejidad al caso. El futuro de Daniel, que aún tiene 11 años, sigue siendo incierto entre los conflictos legales y familiares que rodean a su padre y madre.
El complejo entramado familiar ya ha estado marcado por tensiones, con el hijo mayor de la pareja denunciando supuestas coacciones por parte de su padre para que su hermano menor regrese a Italia. La carta presentada por el hijo mayor revela su preocupación por la seguridad de Daniel y su deseo de que el menor no sea sometido a lo que él mismo vivió en el pasado, haciendo eco de sus propias experiencias de presunto maltrato.
El mismo día de la entrega, las condiciones eran muy diferentes a las de un primer intento fallido, donde la entrega debió ser pospuesta por la presencia masiva de medios de comunicación y la tensión emocional que generó en el menor. A raíz de esto, el juzgado impuso estrictas medidas de privacidad para el proceso, que incluyó el acceso solo para los progenitores y sus abogados y la ejecución directa desde el garaje de los juzgados. Esto se logró con un amplio despliegue policial para garantizar que la entrega pudiera realizarse sin incidentes.
La entrega del menor a su padre, el italiano Francesco Arcuri, se llevó a cabo en un ambiente controlado por profesionales, incluyendo psicólogos y trabajadores sociales, quienes fueron designados para asegurar que el intercambio se realizaría de la manera más saludable para el niño. A pesar de estos esfuerzos, el proceso no estuvo exento de controversia, ya que el entorno judicial se encuentra todavía marcado por las acusaciones de maltrato que enfrenta Arcuri y los temores expresados por el menor respecto a su regreso a Italia. El ministro de Justicia se ha comprometido a monitorear la situación del menor, garantizando su bienestar en caso de que se concrete la entrega. En medio de esta situación, el ayuntamiento de Maracena ha solicitado a la justicia española evitar la entrega inmediata, lo que añade otra capa de complejidad al caso. El futuro de Daniel, que aún tiene 11 años, sigue siendo incierto entre los conflictos legales y familiares que rodean a su padre y madre.