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La Audiencia de Barcelona niega por primera vez la amnistía a un agente de los Mossos d'Esquadra por lesiones durante protestas
La decisión acentúa la lucha contra la impunidad policial y establece un precedente importante en materia de derechos humanos.
Publicado: 22 de octubre de 2025, 12:09
La Audiencia Provincial de Barcelona ha tomado una decisión sin precedentes al denegar por primera vez la amnistía a un agente de los Mossos d'Esquadra, quien está siendo investigado por lesiones y maltratos a un joven. Este fallo se basa en un caso ocurrido en octubre de 2019 en el que un joven recibió el impacto de un proyectil de foam mientras trataba de alejarse de una zona conflictiva durante protestas en Barcelona.
La asociación de derechos humanos Irídia había interpuesto un recurso de apelación para revocar la decisión de archivar la causa, argumentando que el caso debía ser llevado a juicio oral. La investigación busca identificar al agente responsable del uso del proyectil de foam y los detalles de los incidentes se basan en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que establecen la obligación del Estado de realizar investigaciones exhaustivas en casos de supuestos maltratos.
Recientemente, la Audiencia de Barcelona también absolvió a un agente de la Guardia Urbana que disparó a un hombre sin hogar en 2020, lo que ha despertado críticas sobre el tratamiento de la violencia policial y la justificación de las fuerzas de seguridad. En este caso, la Fundación Arrels, encargada de representar al afectado, fue excluida del procedimiento por no contar con la autorización expresa de la víctima, quien ha estado ilocalizable desde la fecha del incidente. Este hecho fue considerado un tecnicismo legal por el tribunal, que concluyó que, sin la acusación formal, no podía proseguir el juicio, lo que levantó preocupaciones sobre el acceso a la justicia para personas en situaciones vulnerables.
La decisión judicial sobre el agente de los Mossos abre la posibilidad de excluir los casos de violencia policial de la ley de amnistía, un avance significativo en la lucha contra la impunidad y la protección de los derechos humanos, según lo señala la asociación Irídia. La reciente absolución de otro agente por disparar a un sintecho ha enfatizado aún más la importancia de las investigaciones exhaustivas y la rendición de cuentas en casos de uso de la fuerza por parte de la policía.
La asociación de derechos humanos Irídia había interpuesto un recurso de apelación para revocar la decisión de archivar la causa, argumentando que el caso debía ser llevado a juicio oral. La investigación busca identificar al agente responsable del uso del proyectil de foam y los detalles de los incidentes se basan en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que establecen la obligación del Estado de realizar investigaciones exhaustivas en casos de supuestos maltratos.
Recientemente, la Audiencia de Barcelona también absolvió a un agente de la Guardia Urbana que disparó a un hombre sin hogar en 2020, lo que ha despertado críticas sobre el tratamiento de la violencia policial y la justificación de las fuerzas de seguridad. En este caso, la Fundación Arrels, encargada de representar al afectado, fue excluida del procedimiento por no contar con la autorización expresa de la víctima, quien ha estado ilocalizable desde la fecha del incidente. Este hecho fue considerado un tecnicismo legal por el tribunal, que concluyó que, sin la acusación formal, no podía proseguir el juicio, lo que levantó preocupaciones sobre el acceso a la justicia para personas en situaciones vulnerables.
La decisión judicial sobre el agente de los Mossos abre la posibilidad de excluir los casos de violencia policial de la ley de amnistía, un avance significativo en la lucha contra la impunidad y la protección de los derechos humanos, según lo señala la asociación Irídia. La reciente absolución de otro agente por disparar a un sintecho ha enfatizado aún más la importancia de las investigaciones exhaustivas y la rendición de cuentas en casos de uso de la fuerza por parte de la policía.