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La Asociación de Abogados del Estado respalda a Begoña Gómez al afirmar que no se requieren requisitos para la firma de pliegos en su cátedra
La entidad aclara que la redacción de pliegos no exige titulación concreta ni corresponde a un cuerpo específico de funcionarios
Publicado: 8 de diciembre de 2025, 22:54
En un reciente desarrollo del caso que involucra a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, la Asociación de Abogados del Estado ha declarado que la firma de los pliegos de condiciones para la cátedra de Transformación Social Competitiva en la Universidad Complutense de Madrid no está sujeta a exigencias de titulación específica ni necesita ser ejecutada por un funcionario determinado. Esta aclaración se produce en respuesta a un oficio del juez Juan Carlos Peinado, quien investiga posibles delitos de intrusismo profesional por parte de Gómez en relación con la firma de dichos documentos.
El magistrado había solicitado un informe para determinar si la firma de los pliegos exigía ciertas cualificaciones académicas, buscando esclarecer si Gómez había incurrido en un delito al redactar los pliegos de su cátedra. La Asociación ha indicado que, según la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, no hay una reserva a un cuerpo específico de funcionarios para tal tarea, y que no se requiere una titulación concreta para su redacción. Esta aclaración llega en un momento crítico, ya que el juez Peinado ha enfrentado críticas por basar su investigación en "meras suposiciones sin el más mínimo indicio de responsabilidad". La Asociación de Abogados del Estado refuerza la posición de Begoña Gómez, sugiriendo que su actuación en la cátedra no infringe ningún requerimiento legal, mientras el caso sigue su curso judicial, prolongándose ya durante más de un año y medio.
El magistrado había solicitado un informe para determinar si la firma de los pliegos exigía ciertas cualificaciones académicas, buscando esclarecer si Gómez había incurrido en un delito al redactar los pliegos de su cátedra. La Asociación ha indicado que, según la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, no hay una reserva a un cuerpo específico de funcionarios para tal tarea, y que no se requiere una titulación concreta para su redacción. Esta aclaración llega en un momento crítico, ya que el juez Peinado ha enfrentado críticas por basar su investigación en "meras suposiciones sin el más mínimo indicio de responsabilidad". La Asociación de Abogados del Estado refuerza la posición de Begoña Gómez, sugiriendo que su actuación en la cátedra no infringe ningún requerimiento legal, mientras el caso sigue su curso judicial, prolongándose ya durante más de un año y medio.