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La asesora de Begoña Gómez recurre la decisión judicial sobre la entrega de correos electrónicos con la UCM
Cristina Álvarez argumenta que la orden del juez Peinado carece de motivación suficiente y solicita su anulación ante la Audiencia de Madrid.
Publicado: 16 de septiembre de 2025, 12:37
En los juzgados de Plaza de Castilla, la asesora de Begoña Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez, ha presentado un recurso contra la decisión del juez Juan Carlos Peinado, quien ha dictaminado que el exvicerrector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) debe entregar los correos electrónicos intercambiados con la asesora. El abogado de Álvarez critica la falta de motivación en la orden del juez, al señalar que la solicitud debe ser formulada en forma de auto en lugar de providencia, dado su impacto directo en derechos fundamentales.
En su apelación ante la Audiencia de Madrid, Álvarez sostiene que la seguridad jurídica se ve comprometida al haber cambiado el juez su postura en varias ocasiones sin una justificación adecuada. La defensa argumenta que la técnica de suplir la insuficiencia de motivación con una nueva justificación elaborada por el tribunal resulta en una indefensión que no puede ser permitida. Por otro lado, también se ha solicitado la nulidad de la causa relacionada con el Hospital General, presentando una crítica contundente hacia el proceso judicial en curso.
La situación ha suscitado atención debido a las implicaciones legales y políticas que podrían derivarse de la resolución del caso. La controversia gira en torno a la transparencia y el derecho a la defensa en procedimientos judiciales, un aspecto crucial en el contexto de la relación entre la administración pública y las instituciones académicas.
En su apelación ante la Audiencia de Madrid, Álvarez sostiene que la seguridad jurídica se ve comprometida al haber cambiado el juez su postura en varias ocasiones sin una justificación adecuada. La defensa argumenta que la técnica de suplir la insuficiencia de motivación con una nueva justificación elaborada por el tribunal resulta en una indefensión que no puede ser permitida. Por otro lado, también se ha solicitado la nulidad de la causa relacionada con el Hospital General, presentando una crítica contundente hacia el proceso judicial en curso.
La situación ha suscitado atención debido a las implicaciones legales y políticas que podrían derivarse de la resolución del caso. La controversia gira en torno a la transparencia y el derecho a la defensa en procedimientos judiciales, un aspecto crucial en el contexto de la relación entre la administración pública y las instituciones académicas.