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La Agencia Valenciana Antifraude detecta irregularidades y un sobrecoste millonario en un convenio de Adif con el Ayuntamiento de Albal
Este informe, que llega al Tribunal Supremo, expone diversas irregularidades en la ejecución de la obra que vincula a figuras políticas relevantes.
Publicado: 29 de julio de 2025, 19:32
La Agencia Valenciana Antifraude ha detectado un sobrecoste de un millón de euros en un convenio entre el Ayuntamiento de Albal y Adif, relacionado con la construcción de una estación de ferrocarril. Este caso ha llegado al Tribunal Supremo, donde se investiga bajo el juez Leopoldo Puente por posibles irregularidades en la gestión pública. Se falta de justificación en la ejecución y en los costos del convenio firmado en 2019, lo que ha despertado preocupaciones sobre la transparencia y legalidad del proyecto.
El informe señala que el pago final excedió considerablemente el coste real de las obras y destaca el proceso administrativo, que se remonta a un protocolo de 2011. Además, se han detectado deficiencias en la normativa local aplicable y sobrecostos por modificaciones no justificadas. Estos hallazgos ponen de manifiesto la necesidad de un análisis más profundo de cómo se adjudicó y ejecutó la obra, aunque se reconoce que la Agencia Antifraude no tiene competencia para investigar todos los aspectos del caso.
Recientemente, se ha vinculado esta investigación a otras que involucran al comisionado del Gobierno para la DANA, José María Ángel, quien está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción. Según un informe de la Agencia Valenciana Antifraude, se plantea que Ángel Batalla utilizó un título "presumiblemente falso" para acceder a un puesto de funcionario en la Diputación de Valencia, lo que podría haber resultado en un reconocimiento de emolumentos superiores a los que legítimamente le corresponden. Este desarrollo ha elevado la preocupación sobre la integridad de los procesos de gestión pública en España, especialmente considerando que el exministro Ábalos ha sido sugerido como parte de estas intrigas políticas. José María Ángel ha negado las acusaciones y está dispuesto a emprender acciones legales para defender su honorabilidad.
El informe señala que el pago final excedió considerablemente el coste real de las obras y destaca el proceso administrativo, que se remonta a un protocolo de 2011. Además, se han detectado deficiencias en la normativa local aplicable y sobrecostos por modificaciones no justificadas. Estos hallazgos ponen de manifiesto la necesidad de un análisis más profundo de cómo se adjudicó y ejecutó la obra, aunque se reconoce que la Agencia Antifraude no tiene competencia para investigar todos los aspectos del caso.
Recientemente, se ha vinculado esta investigación a otras que involucran al comisionado del Gobierno para la DANA, José María Ángel, quien está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción. Según un informe de la Agencia Valenciana Antifraude, se plantea que Ángel Batalla utilizó un título "presumiblemente falso" para acceder a un puesto de funcionario en la Diputación de Valencia, lo que podría haber resultado en un reconocimiento de emolumentos superiores a los que legítimamente le corresponden. Este desarrollo ha elevado la preocupación sobre la integridad de los procesos de gestión pública en España, especialmente considerando que el exministro Ábalos ha sido sugerido como parte de estas intrigas políticas. José María Ángel ha negado las acusaciones y está dispuesto a emprender acciones legales para defender su honorabilidad.