Progresista 86.1%Conservador 13.9%
La Agencia Antifraude investiga al comisionado de la DANA por posible falsificación de su título universitario y genera reacciones políticas intensas
José María Ángel Batalla está en el centro de un escándalo que podría impactar su carrera política y la gestión de la reconstrucción tras la DANA.
Publicado: 29 de julio de 2025, 11:56
La Agencia Valenciana Antifraude ha remitido un informe a la Fiscalía que sugiere que José María Ángel Batalla, comisionado del Gobierno para la DANA, falsificó su título de diplomado en Archivística y Biblioteconomía para acceder a un puesto como funcionario en la Diputación de Valencia. Este informe ha generado un intenso debate político en torno a la legitimidad de su cargo y a la ejecución de sus responsabilidades.
Según el informe, José María Ángel, quien no completó sus estudios universitarios, proporcionó una fotocopia de un título que presuntamente es falso al ingresar a la administración pública en 1985. La denuncia anónima que dio pie a la investigación se recibió en abril, y según la Agencia Antifraude, no hay evidencias de que su titulación sea real. Este caso ha llamado la atención por las implicaciones significativas que puede tener sobre su carrera y las decisiones administrativas que ha tomado.
La respuesta política ha sido contundente, con el Partido Popular exigiendo el cese inmediato de Ángel, arguyendo que continuar en su puesto es inconcebible. Por otro lado, el PSOE ha defendido a Ángel, creando un contexto de controversia más amplio sobre la gestión del Gobierno en relación con la DANA y planteando interrogantes sobre las verificaciones en la administración pública.
Según el informe, José María Ángel, quien no completó sus estudios universitarios, proporcionó una fotocopia de un título que presuntamente es falso al ingresar a la administración pública en 1985. La denuncia anónima que dio pie a la investigación se recibió en abril, y según la Agencia Antifraude, no hay evidencias de que su titulación sea real. Este caso ha llamado la atención por las implicaciones significativas que puede tener sobre su carrera y las decisiones administrativas que ha tomado.
La respuesta política ha sido contundente, con el Partido Popular exigiendo el cese inmediato de Ángel, arguyendo que continuar en su puesto es inconcebible. Por otro lado, el PSOE ha defendido a Ángel, creando un contexto de controversia más amplio sobre la gestión del Gobierno en relación con la DANA y planteando interrogantes sobre las verificaciones en la administración pública.