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La AEPD propone sancionar a 'La Directa' por informes sobre policías infiltrados
La multa propuesta de 7.000 euros ha sido criticada por entidades defensoras de derechos.
Publicado: 29 de julio de 2026, 19:33
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha propuesto una sanción de 7.000 euros al medio de comunicación 'La Directa' debido a la publicación de reportajes que revelan la identidad de policías infiltrados en movimientos sociales e independentistas en Catalunya y el País Valencià entre 2020 y 2023. Esta decisión se ha tomado tras las denuncias de cuatro policías que alegan que su derecho a la privacidad ha sido vulnerado.
La AEPD ha exigido a 'La Directa' que elimine todos los datos identificativos de los agentes, incluidos los nombres ficticios utilizados por ellos y las imágenes que aparezcan en sus artículos. Según se explica en los reportajes, los policías operaban en función de inteligencia y no bajo mandato judicial, lo que ha generado un intenso debate sobre el equilibrio entre el derecho a la información y la protección de datos personales.
En una rueda de prensa celebrada en el Colegio de Periodistas de Catalunya, Jesús Rodríguez, uno de los periodistas de 'La Directa', expresó que esta acción de la AEPD representa un acto de censura que podría afectar gravemente al ejercicio de la libertad de prensa. Además, se advirtió que tal medida podría sentar un precedente negativo para otros medios que investigan asuntos de interés público. Rodríguez remarcó que el Estado ha elegido sancionar al medio que realizó la investigación en lugar de abordar las infracciones cometidas por los agentes.
El proceso de sanción ha sido criticado por varias organizaciones, incluidas Irídia, Òmnium Cultural y el Grup de Periodistes Ramon Barnils, que sostienen que se trata de una instrumentalización de la ley de protección de datos para limitar el periodismo de investigación. Estas entidades han afirmado que la propuesta de la AEPD va en contra del mandato del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que garantiza la protección de los periodistas cuando la información divulgada es de interés público.
Las denuncias iniciales presentadas por los agentes fueron desestimadas, pero posteriormente un recurso logró que la AEPD se pronunciara sobre el asunto. Esto ha desatado una intensa discusión sobre las normativas que regulan la figura de los agentes infiltrados en España, y cómo se compara con otros países, como el Reino Unido, donde los casos similares han conducido a comisiones que han investigado las prácticas de la policía.
Aparte de la sanción pecuniaria, la AEPD ha dado a 'La Directa' un plazo de tres meses para cumplir con la orden de censura. En este contexto, el medio ha informado que se están preparando alegaciones contra la sanción y no se descarta una acción legal ante instancias europeas en caso de que la AEPD mantenga su propuesta.
Los temas tratados en los reportajes de 'La Directa', que han revelado la infiltración de los agentes, han tenido un impacto significativo en los movimientos sociales y han creado un debate continuo sobre la legalidad de tales acciones de las fuerzas del orden sin supervisión judicial. Esto ha llevado a ciertos sectores de la sociedad civil a cuestionar la transparencia y la rendición de cuentas de las acciones policiales en Catalunya y más allá.
La AEPD ha exigido a 'La Directa' que elimine todos los datos identificativos de los agentes, incluidos los nombres ficticios utilizados por ellos y las imágenes que aparezcan en sus artículos. Según se explica en los reportajes, los policías operaban en función de inteligencia y no bajo mandato judicial, lo que ha generado un intenso debate sobre el equilibrio entre el derecho a la información y la protección de datos personales.
En una rueda de prensa celebrada en el Colegio de Periodistas de Catalunya, Jesús Rodríguez, uno de los periodistas de 'La Directa', expresó que esta acción de la AEPD representa un acto de censura que podría afectar gravemente al ejercicio de la libertad de prensa. Además, se advirtió que tal medida podría sentar un precedente negativo para otros medios que investigan asuntos de interés público. Rodríguez remarcó que el Estado ha elegido sancionar al medio que realizó la investigación en lugar de abordar las infracciones cometidas por los agentes.
El proceso de sanción ha sido criticado por varias organizaciones, incluidas Irídia, Òmnium Cultural y el Grup de Periodistes Ramon Barnils, que sostienen que se trata de una instrumentalización de la ley de protección de datos para limitar el periodismo de investigación. Estas entidades han afirmado que la propuesta de la AEPD va en contra del mandato del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que garantiza la protección de los periodistas cuando la información divulgada es de interés público.
Las denuncias iniciales presentadas por los agentes fueron desestimadas, pero posteriormente un recurso logró que la AEPD se pronunciara sobre el asunto. Esto ha desatado una intensa discusión sobre las normativas que regulan la figura de los agentes infiltrados en España, y cómo se compara con otros países, como el Reino Unido, donde los casos similares han conducido a comisiones que han investigado las prácticas de la policía.
Aparte de la sanción pecuniaria, la AEPD ha dado a 'La Directa' un plazo de tres meses para cumplir con la orden de censura. En este contexto, el medio ha informado que se están preparando alegaciones contra la sanción y no se descarta una acción legal ante instancias europeas en caso de que la AEPD mantenga su propuesta.
Los temas tratados en los reportajes de 'La Directa', que han revelado la infiltración de los agentes, han tenido un impacto significativo en los movimientos sociales y han creado un debate continuo sobre la legalidad de tales acciones de las fuerzas del orden sin supervisión judicial. Esto ha llevado a ciertos sectores de la sociedad civil a cuestionar la transparencia y la rendición de cuentas de las acciones policiales en Catalunya y más allá.