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La activación de la excepción al embargo de armas a Israel genera tensiones políticas y revela la influencia de Airbus en el Gobierno español
La decisión del Gobierno ha sido criticada por sus socios y por organizaciones de derechos humanos, poniendo en cuestión la ética de la política armamentística.
Publicado: 1 de enero de 2026, 02:36
El 23 de diciembre, el Consejo de Ministros español activó una excepcionalidad al embargo de armas a Israel, generando tensiones políticas y sociales. La justificación del Gobierno se centra en la adquisición de 'elementos tecnológicos' para proyectos de aviación, aunque muchos critican esta decisión como un 'embargo fake' que vulnera las obligaciones internacionales de España. Las tensiones se intensifican en el contexto de corrupción y acoso sexual en el PSOE, debilitando su imagen.
Las críticas también provienen del ámbito empresarial, donde se alega que la decisión fue influenciada por la presión de Airbus, que amenazó con deslocalizar empleos si no se autorizaba la importación de material militar israelí. Esto ha abierto un debate sobre la dependencia del Gobierno de compromisos con grandes corporaciones frente a los derechos humanos, y ha llevado a sindicatos y partidos de izquierda a exigir un embargo real.
Mientras tanto, el PSOE defiende que esta decisión responde a intereses estratégicos nacionales. A medida que la tensión crece, la comparecencia del Gobierno ante el Parlamento se acerca, y las estrategias de la oposición para contrarrestar estas medidas se están organizando, lo que sugiere que la controversia no se resolverá pronto.
Las críticas también provienen del ámbito empresarial, donde se alega que la decisión fue influenciada por la presión de Airbus, que amenazó con deslocalizar empleos si no se autorizaba la importación de material militar israelí. Esto ha abierto un debate sobre la dependencia del Gobierno de compromisos con grandes corporaciones frente a los derechos humanos, y ha llevado a sindicatos y partidos de izquierda a exigir un embargo real.
Mientras tanto, el PSOE defiende que esta decisión responde a intereses estratégicos nacionales. A medida que la tensión crece, la comparecencia del Gobierno ante el Parlamento se acerca, y las estrategias de la oposición para contrarrestar estas medidas se están organizando, lo que sugiere que la controversia no se resolverá pronto.