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La Abogacía del Estado solicita casi cuatro años de prisión y multa de 448.000 euros para el novio de Ayuso por fraude fiscal
Gonzalez Amador enfrenta graves cargos por defraudar más de 350.000 euros y además está investigado por posibles delitos de corrupción.
Publicado: 28 de julio de 2025, 11:55
La Abogacía del Estado ha solicitado una pena de tres años y nueve meses de prisión para Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, debido a presuntos delitos fiscales que incluyen la utilización de facturas falsas para evadir impuestos entre 2020 y 2021. Esta solicitud, que incluye una multa de 448.000 euros, coincide con la petición realizada por la Fiscalía el 16 de julio, lo que subraya la gravedad de las acusaciones.
El acusado está acusado de defraudar más de 350.000 euros al emplear un sistema de facturas falsas a través de su empresa, Maxwell Cremona SL, la cual había visto un incremento en ingresos durante la pandemia sin que estos se reflejaran en el pago de impuestos. Además, González Amador se enfrenta a investigaciones por administración desleal y corrupción por la compra de una empresa a un precio elevado, lo que podría ser considerado un posible soborno. La investigación ha revelado irregularidades relacionadas con el Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021, confirmando que el importe defraudado llega a 350.951 euros, de acuerdo a informes de la Agencia Tributaria.
El caso ha captado atención por su implicación con una figura política prominente, y la jueza a cargo, Inmaculada Iglesias, se encuentra cerca de su jubilación, añadiendo un factor de urgencia al proceso. Como parte de la acusación, se ha señalado que González Amador habría emitido facturas que no reflejan servicios prestados, lo cual es central en la imputación de fraude fiscal. Si las acusaciones continúan, González Amador podría enfrentar juicio, lo que también podría impactar en la imagen de Ayuso y su gobernabilidad en un contexto donde la transparencia es vital. Los otros acusados en el caso también están enfrentando penas de prisión que van desde un año hasta dos años y condiciones de indemnización a Hacienda, resaltando la magnitud de las supuestas irregularidades fiscales.
El acusado está acusado de defraudar más de 350.000 euros al emplear un sistema de facturas falsas a través de su empresa, Maxwell Cremona SL, la cual había visto un incremento en ingresos durante la pandemia sin que estos se reflejaran en el pago de impuestos. Además, González Amador se enfrenta a investigaciones por administración desleal y corrupción por la compra de una empresa a un precio elevado, lo que podría ser considerado un posible soborno. La investigación ha revelado irregularidades relacionadas con el Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021, confirmando que el importe defraudado llega a 350.951 euros, de acuerdo a informes de la Agencia Tributaria.
El caso ha captado atención por su implicación con una figura política prominente, y la jueza a cargo, Inmaculada Iglesias, se encuentra cerca de su jubilación, añadiendo un factor de urgencia al proceso. Como parte de la acusación, se ha señalado que González Amador habría emitido facturas que no reflejan servicios prestados, lo cual es central en la imputación de fraude fiscal. Si las acusaciones continúan, González Amador podría enfrentar juicio, lo que también podría impactar en la imagen de Ayuso y su gobernabilidad en un contexto donde la transparencia es vital. Los otros acusados en el caso también están enfrentando penas de prisión que van desde un año hasta dos años y condiciones de indemnización a Hacienda, resaltando la magnitud de las supuestas irregularidades fiscales.