Progresista 76.67%Conservador 23.33%
Koldo García solicita al Tribunal Supremo el secuestro de sus audios privados y la prohibición de su difusión en los medios de comunicación
El exasesor de José Luis Ábalos argumenta que la divulgación de los audios vulnera su derecho a la intimidad y falsea su imagen pública.
Publicado: 29 de julio de 2025, 11:58
El exasesor del Ministerio de Transportes, Koldo García, ha solicitado al Tribunal Supremo un "secuestro judicial cautelar e inmediato" de los audios incautados en su domicilio, argumentando que su divulgación constituye una grave intromisión en su derecho a la intimidad. Los audios incluyen grabaciones de carácter íntimo, lo que ha llevado a su defensa a solicitar medidas para impedir su difusión en medios de comunicación, destacando la naturaleza privada del material.
La defensa de García ha manifestado que algunos medios, como La Sexta, han presentado los audios de manera descontextualizada, sugiriendo que él estaría involucrado en actos de violencia de género, cuando ha trabajado en la protección de mujeres víctimas de violencia. Afirman que la difusión de estos audios ha dañado su reputación y es una intromisión a su vida personal y familiar.
El Tribunal Supremo ha rechazado la solicitud de Koldo García para secuestrar sus audios, citando que la defensa no ha proporcionado pruebas suficientes que justifiquen la medida. El juez ha señalado que las filtraciones a los medios de comunicación, aunque puedan ser problemáticas, están dentro del ámbito del debate público y no otorgan automáticamente un derecho a la confidencialidad sobre el material en cuestión. Además, advierten que la posible falta de acción del Tribunal Supremo podría causar un daño irreparable tanto para García como para su familia, mencionando intentos anteriores de vincularlo falsamente a casos de violencia de género que fueron archivados.
Por otro lado, la situación de Koldo García ha sido paralela a la de otros casos mediáticos en el país, especialmente en el contexto de la actual controversia sobre el fiscal general del estado, Álvaro García Ortiz, quien también se encuentra bajo presión tras el procesamiento judicial en un caso de revelación de secretos relacionado con la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Diversos políticos, incluidas voces del Partido Popular, han exigido la dimisión del fiscal general, argumentando que su situación compromete la integridad de la institución.
El Gobierno mantiene su respaldo al fiscal general, afirmando que confían en su inocencia a pesar de la situación jurídica actual y el malestar que ha generado en la opinión pública. Esta controversia ha puesto sobre la mesa cuestiones de ética y transparencia en la política española que resuenan en el caso de Koldo García, generando un ambiente de incertidumbre sobre el futuro tanto del exasesor como del fiscal general al borde del juicio.
La defensa de García ha manifestado que algunos medios, como La Sexta, han presentado los audios de manera descontextualizada, sugiriendo que él estaría involucrado en actos de violencia de género, cuando ha trabajado en la protección de mujeres víctimas de violencia. Afirman que la difusión de estos audios ha dañado su reputación y es una intromisión a su vida personal y familiar.
El Tribunal Supremo ha rechazado la solicitud de Koldo García para secuestrar sus audios, citando que la defensa no ha proporcionado pruebas suficientes que justifiquen la medida. El juez ha señalado que las filtraciones a los medios de comunicación, aunque puedan ser problemáticas, están dentro del ámbito del debate público y no otorgan automáticamente un derecho a la confidencialidad sobre el material en cuestión. Además, advierten que la posible falta de acción del Tribunal Supremo podría causar un daño irreparable tanto para García como para su familia, mencionando intentos anteriores de vincularlo falsamente a casos de violencia de género que fueron archivados.
Por otro lado, la situación de Koldo García ha sido paralela a la de otros casos mediáticos en el país, especialmente en el contexto de la actual controversia sobre el fiscal general del estado, Álvaro García Ortiz, quien también se encuentra bajo presión tras el procesamiento judicial en un caso de revelación de secretos relacionado con la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Diversos políticos, incluidas voces del Partido Popular, han exigido la dimisión del fiscal general, argumentando que su situación compromete la integridad de la institución.
El Gobierno mantiene su respaldo al fiscal general, afirmando que confían en su inocencia a pesar de la situación jurídica actual y el malestar que ha generado en la opinión pública. Esta controversia ha puesto sobre la mesa cuestiones de ética y transparencia en la política española que resuenan en el caso de Koldo García, generando un ambiente de incertidumbre sobre el futuro tanto del exasesor como del fiscal general al borde del juicio.