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Kilmar Abrego, el inmigrante salvadoreño detenido nuevamente por ICE, enfrenta la amenaza de deportación a Uganda tras error judicial.
Abrego, quien fue deportado por error a El Salvador, lucha contra su deportación mientras sus abogados alegan abuso del sistema migratorio.
Publicado: 25 de agosto de 2025, 19:01
Kilmar Abrego García, un inmigrante salvadoreño de 30 años, ha sido nuevamente arrestado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Baltimore, Maryland, solo tres días después de haber sido liberado de la cárcel en Tennessee. Su caso ha cobrado notoriedad debido a su deportación errónea a El Salvador en marzo pasado, donde pasó casi tres meses en una prisión de máxima seguridad, y a su reciente liberación, que se logró tras un fallo judicial que reconoció la ilegalidad de su deportación.
La nueva detención de Abrego ocurre en un contexto complicado, donde existe una orden de deportación que lo podría enviar a Uganda, un país con el que no tiene vinculaciones, en lugar de Costa Rica, que ha mostrado disposición a acogerlo como refugiado. Su defensa sostiene que el gobierno de EE. UU. está utilizando la amenaza de esta deportación como instrumento de presión para forzarlo a aceptar un acuerdo de culpabilidad en los cargos de tráfico de personas que se han presentado en su contra, los cuales él niega vehementemente. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha descrito nuevamente a Abrego como un 'monstruo' y ha insistido en que su liberación supone un desprecio por la seguridad de los ciudadanos estadounidenses, lo que ha sido criticado por sus abogados y defensores.
Las recientes manifestaciones a favor de Abrego, donde activistas corearon frases como "Sí se puede" y "Somos Kilmar", reflejan el creciente apoyo a su causa en medio de lo que sus defensores catalogan como la represión de la política migratoria del gobierno de Donald Trump. Hoy, su defensa ha presentado una moción ante el Tribunal Federal del Distrito de Maryland para detener la deportación a Uganda, subrayando que la administración Trump ha vuelto a arrestar a Abrego sin ofrecerle la oportunidad de expresar su temor a ser perseguido y torturado en dicho país. El abogado Simon Sandoval-Moshenberg ha declarado que este comportamiento constituye un castigo por ejercer sus derechos constitucionales. En Baltimore, los manifestantes también expresaron su apoyo, exigiendo que se le brinde la oportunidad de permanecer en el país mientras se enfrenta a los cargos en su contra. Además, la administración Trump, después de reconocer que deportó a Abrego por un error administrativo, lo está juzgando ahora por nuevos cargos de tráfico de personas, que sus defensores califican de falsos. La situación se agrava por el hecho de que Uganda no ha garantizado la protección adecuada para Abrego, lo que añade un nivel de incertidumbre a su destino,
El juez federal Paula Xinis ha detenido temporalmente la deportación a Uganda, asegurando que existen varios motivos para solicitar la exención de su deportación y que Abrego debería tener al menos 72 horas para responder a cualquier orden de este tipo.
La nueva detención de Abrego ocurre en un contexto complicado, donde existe una orden de deportación que lo podría enviar a Uganda, un país con el que no tiene vinculaciones, en lugar de Costa Rica, que ha mostrado disposición a acogerlo como refugiado. Su defensa sostiene que el gobierno de EE. UU. está utilizando la amenaza de esta deportación como instrumento de presión para forzarlo a aceptar un acuerdo de culpabilidad en los cargos de tráfico de personas que se han presentado en su contra, los cuales él niega vehementemente. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha descrito nuevamente a Abrego como un 'monstruo' y ha insistido en que su liberación supone un desprecio por la seguridad de los ciudadanos estadounidenses, lo que ha sido criticado por sus abogados y defensores.
Las recientes manifestaciones a favor de Abrego, donde activistas corearon frases como "Sí se puede" y "Somos Kilmar", reflejan el creciente apoyo a su causa en medio de lo que sus defensores catalogan como la represión de la política migratoria del gobierno de Donald Trump. Hoy, su defensa ha presentado una moción ante el Tribunal Federal del Distrito de Maryland para detener la deportación a Uganda, subrayando que la administración Trump ha vuelto a arrestar a Abrego sin ofrecerle la oportunidad de expresar su temor a ser perseguido y torturado en dicho país. El abogado Simon Sandoval-Moshenberg ha declarado que este comportamiento constituye un castigo por ejercer sus derechos constitucionales. En Baltimore, los manifestantes también expresaron su apoyo, exigiendo que se le brinde la oportunidad de permanecer en el país mientras se enfrenta a los cargos en su contra. Además, la administración Trump, después de reconocer que deportó a Abrego por un error administrativo, lo está juzgando ahora por nuevos cargos de tráfico de personas, que sus defensores califican de falsos. La situación se agrava por el hecho de que Uganda no ha garantizado la protección adecuada para Abrego, lo que añade un nivel de incertidumbre a su destino,
El juez federal Paula Xinis ha detenido temporalmente la deportación a Uganda, asegurando que existen varios motivos para solicitar la exención de su deportación y que Abrego debería tener al menos 72 horas para responder a cualquier orden de este tipo.