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Junts y Gobierno acuerdan obligar a grandes empresas a atender en catalán a clientes en toda España
La ley de atención al cliente se modifica para garantizar el uso del catalán en empresas con más de 250 trabajadores o con más de 50 millones de euros en facturación anual.
Publicado: 16 de septiembre de 2025, 19:20
En un significativo avance para la protección del idioma catalán, el partido Junts per Catalunya ha alcanzado un acuerdo con el Gobierno de Pedro Sánchez, que establece la obligatoriedad para las empresas de más de 250 empleados o que facturen más de 50 millones de euros anuales de atender a sus clientes también en catalán, independientemente de su localización geográfica. Esta medida se contempla dentro del proyecto de ley de atención al cliente, que actualmente se encuentra en fase de trámite parlamentario.
Este pacto, celebrado el 16 de septiembre de 2025, implica que todas las empresas afectadas deberán proporcionar formación a su personal de atención al cliente en catalán, asegurando así el derecho lingüístico de los consumidores. Según Junts, este acuerdo representa un 'cambio de paradigma', priorizando la lengua en la que el cliente se dirige a la empresa frente a la obligación anterior de responder como mínimo en castellano. La ley tiene un amplio alcance, afectando sectores como servicios eléctricos, de gas y telecomunicaciones.
El acuerdo se produce en un contexto complicado para las aspiraciones independentistas sobre el catalán, con debates sobre su reconocimiento oficial en la Unión Europea. Miriam Nogueras, portavoz de Junts, subraya que este acuerdo consolida derechos lingüísticos al proporcionar un marco legal para la defensa de la lengua catalana. Sin embargo, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha reaccionado negativamente, argumentando que esta medida representa un "atentado a la libertad empresarial" y que podría afectar gravemente el funcionamiento y competitividad de las más de 6,000 empresas afectadas. Además, argumentan que podría crear un 'efecto dominó' donde otras lenguas cooficiales, como el euskera y el gallego, han sido también solicitadas para recibir un trato similar. En este contexto, la medida ha suscitado un intenso debate en el Congreso sobre su implementación.
Este pacto, celebrado el 16 de septiembre de 2025, implica que todas las empresas afectadas deberán proporcionar formación a su personal de atención al cliente en catalán, asegurando así el derecho lingüístico de los consumidores. Según Junts, este acuerdo representa un 'cambio de paradigma', priorizando la lengua en la que el cliente se dirige a la empresa frente a la obligación anterior de responder como mínimo en castellano. La ley tiene un amplio alcance, afectando sectores como servicios eléctricos, de gas y telecomunicaciones.
El acuerdo se produce en un contexto complicado para las aspiraciones independentistas sobre el catalán, con debates sobre su reconocimiento oficial en la Unión Europea. Miriam Nogueras, portavoz de Junts, subraya que este acuerdo consolida derechos lingüísticos al proporcionar un marco legal para la defensa de la lengua catalana. Sin embargo, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha reaccionado negativamente, argumentando que esta medida representa un "atentado a la libertad empresarial" y que podría afectar gravemente el funcionamiento y competitividad de las más de 6,000 empresas afectadas. Además, argumentan que podría crear un 'efecto dominó' donde otras lenguas cooficiales, como el euskera y el gallego, han sido también solicitadas para recibir un trato similar. En este contexto, la medida ha suscitado un intenso debate en el Congreso sobre su implementación.