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Junts, PSC y ERC aprueban una nueva ordenanza de convivencia en Barcelona tras meses de negociación
La normativa, que incluye sanciones más severas, se implementará en enero tras su aprobación en el pleno municipal.
Publicado: 20 de diciembre de 2025, 01:33
La ciudad de Barcelona ha aprobado una nueva ordenanza de convivencia respaldada por Junts, PSC y ERC, que se formalizó en un pleno municipal el 19 de diciembre. Este acuerdo, tras más de dos años de negociaciones, reemplaza la normativa anterior y establece sanciones más severas para comportamientos incívicos como el botellón y el orinar en la vía pública. Las multas oscilarán entre 100 y 600 euros, o hasta 1.500 euros en presencia de menores.
El alcalde Jaume Collboni defendió la ordenanza como 'progresista' y necesaria para la protección de los barrios más afectados por el incivismo. Además, se implementará un sistema de recaudación de multas que asegurará la eficacia de las sanciones, incluso para los extranjeros no residentes. Sin embargo, grupos como Barcelona en Comú y Vox criticaron la propuesta por ser desproporcionada y por el riesgo de criminalizar conductas cotidianas. La ordenanza entrará en vigor un mes después de su publicación, probablemente a principios de febrero.
En general, se considera que esta nueva normativa es un avance para mejorar la calidad de vida en la ciudad, aunque ha generado divisiones en el apoyo político debido a las implicaciones de las sanciones.
El alcalde Jaume Collboni defendió la ordenanza como 'progresista' y necesaria para la protección de los barrios más afectados por el incivismo. Además, se implementará un sistema de recaudación de multas que asegurará la eficacia de las sanciones, incluso para los extranjeros no residentes. Sin embargo, grupos como Barcelona en Comú y Vox criticaron la propuesta por ser desproporcionada y por el riesgo de criminalizar conductas cotidianas. La ordenanza entrará en vigor un mes después de su publicación, probablemente a principios de febrero.
En general, se considera que esta nueva normativa es un avance para mejorar la calidad de vida en la ciudad, aunque ha generado divisiones en el apoyo político debido a las implicaciones de las sanciones.