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Junts, PP y Vox rechazan la creación de una oficina anticorrupción en España, fortaleciendo la impunidad en el sistema político
La decisión del Congreso de los Diputados plantea serias dudas sobre la capacidad del Estado para combatir la corrupción en el país.
Publicado: 17 de septiembre de 2025, 12:25
El 16 de septiembre de 2025, el Congreso de los Diputados español fue escenario de un voto decisivo que resultó en el rechazo de la proposición de ley para la creación de una Oficina Anticorrupción estatal. Este proyecto, impulsado por Sumar, contaba con el respaldo de varios grupos políticos, quienes advertían sobre la creciente necesidad de un mecanismo independiente para investigar y sancionar los numerosos casos de corrupción en el país.
La iniciativa proponía dotar a esta agencia de poderes significativos, como la investigación de irregularidades en el uso de fondos públicos y la capacidad de imponer multas a empresas implicadas en casos graves. Sin embargo, fue rechazada con 176 votos en contra, principalmente de PP, Vox y Junts. La negativa a crear esta oficina ha suscitado críticas, destacando que España ha registrado aproximadamente 3.740 casos de corrupción entre 2000 y 2020, lo que refuerza la percepción de un sistema marcado por la impunidad.
La unión de fuerzas entre la derecha y el nacionalismo catalán ha generado debates sobre la necesidad de una respuesta contundente frente a la corrupción, en un contexto donde la falta de voluntad política sacrifica la creación de un órgano independiente que supervise estos abusos. Los detractores acusan a los líderes de la derecha de proteger un sistema que favorece la impunidad y de mostrar resistencia en regular el comportamiento de las élites políticas.
La iniciativa proponía dotar a esta agencia de poderes significativos, como la investigación de irregularidades en el uso de fondos públicos y la capacidad de imponer multas a empresas implicadas en casos graves. Sin embargo, fue rechazada con 176 votos en contra, principalmente de PP, Vox y Junts. La negativa a crear esta oficina ha suscitado críticas, destacando que España ha registrado aproximadamente 3.740 casos de corrupción entre 2000 y 2020, lo que refuerza la percepción de un sistema marcado por la impunidad.
La unión de fuerzas entre la derecha y el nacionalismo catalán ha generado debates sobre la necesidad de una respuesta contundente frente a la corrupción, en un contexto donde la falta de voluntad política sacrifica la creación de un órgano independiente que supervise estos abusos. Los detractores acusan a los líderes de la derecha de proteger un sistema que favorece la impunidad y de mostrar resistencia en regular el comportamiento de las élites políticas.