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Julio Iglesias enfrenta severas acusaciones de abuso, el Gobierno exige investigación mientras él niega los hechos
Las denuncias de agresiones por parte de extrabajadoras del cantante han llevado a una serie de reacciones políticas y sociales
Publicado: 19 de enero de 2026, 02:43
Las acusaciones de abuso sexual contra el famoso cantante Julio Iglesias han provocado una fuerte respuesta tanto en el ámbito gubernamental como en el público. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha instado a que se lleve a cabo una investigación exhaustiva sobre las denuncias que surgieron esta semana, alegando que no se puede permitir que la violencia machista quede impune.
Las denuncias han sido presentadas por dos extrabajadoras que aseguran haber sido víctimas de agresiones sexuales en las mansiones de Iglesias en el Caribe. El clima de terror y presiones imperaba en estas mansiones, donde se normalizaba el maltrato y las trabajadoras eran sometidas a humillaciones y preguntas improcedentes. La respuesta de Iglesias ha sido rotunda, negando categóricamente haber abusado o faltado el respeto a ninguna mujer y manifestando su intención de que la verdad salga a la luz. Al respecto, él mismo declaró: “Niego haber abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer. Estas acusaciones son absolutamente falsas” mientras la Fiscalía de la Audiencia Nacional ya investiga el caso.
El Ministerio de Cultura ha calificado las acusaciones como "perturbadoras y repugnantes", haciendo un llamado a la ciudadanía a enfrentar el machismo y la violencia de género. El movimiento feminista ha resaltado la necesidad de garantizar el reconocimiento y la reparación a las mujeres agredidas, enfatizando que la fama no debe pesar más que los derechos de las víctimas. Además, la fiscal Susana Gisbert ha señalado que la apertura de una investigación indica que hay motivos suficientes para que el caso avance, destacando que las mujeres denunciantes buscan atraer atención sobre un fenómeno más amplio de violencia y acoso.
Las feministas de la Comisión 8M de Madrid han comentado que es crucial no solo retirar honores públicos a Iglesias, sino también impulsar un marco legal que proteja a las trabajadoras del hogar, muchas de ellas víctimas de un sistema patriarcal y colonial. A pesar de los cambios sociales y legales, persisten temores a la hora de denunciar, especialmente cuando el agresor es una figura pública. Este panorama se refleja en las cifras: en solo cinco años, las denuncias de mujeres contra la libertad sexual han crecido un 45%. En 2024, se registraron 19.518 denuncias, frente a las 13.381 de 2019.
Las denuncias han sido presentadas por dos extrabajadoras que aseguran haber sido víctimas de agresiones sexuales en las mansiones de Iglesias en el Caribe. El clima de terror y presiones imperaba en estas mansiones, donde se normalizaba el maltrato y las trabajadoras eran sometidas a humillaciones y preguntas improcedentes. La respuesta de Iglesias ha sido rotunda, negando categóricamente haber abusado o faltado el respeto a ninguna mujer y manifestando su intención de que la verdad salga a la luz. Al respecto, él mismo declaró: “Niego haber abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer. Estas acusaciones son absolutamente falsas” mientras la Fiscalía de la Audiencia Nacional ya investiga el caso.
El Ministerio de Cultura ha calificado las acusaciones como "perturbadoras y repugnantes", haciendo un llamado a la ciudadanía a enfrentar el machismo y la violencia de género. El movimiento feminista ha resaltado la necesidad de garantizar el reconocimiento y la reparación a las mujeres agredidas, enfatizando que la fama no debe pesar más que los derechos de las víctimas. Además, la fiscal Susana Gisbert ha señalado que la apertura de una investigación indica que hay motivos suficientes para que el caso avance, destacando que las mujeres denunciantes buscan atraer atención sobre un fenómeno más amplio de violencia y acoso.
Las feministas de la Comisión 8M de Madrid han comentado que es crucial no solo retirar honores públicos a Iglesias, sino también impulsar un marco legal que proteja a las trabajadoras del hogar, muchas de ellas víctimas de un sistema patriarcal y colonial. A pesar de los cambios sociales y legales, persisten temores a la hora de denunciar, especialmente cuando el agresor es una figura pública. Este panorama se refleja en las cifras: en solo cinco años, las denuncias de mujeres contra la libertad sexual han crecido un 45%. En 2024, se registraron 19.518 denuncias, frente a las 13.381 de 2019.