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Juicio a Jair Bolsonaro por golpe de Estado arranca con testimonios que confirman planes para anular elecciones de Lula da Silva
Mauro Cid, ex mano derecha de Bolsonaro, revela un plan detallado para declarar estado de sitio y rehacer elecciones tras su derrota.
Publicado: 10 de junio de 2025, 13:59
El juicio contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro ha comenzado, centrado en acusaciones graves de haber orquestado un intento de golpe de Estado para desacreditar las elecciones de 2022. Bolsonaro, inhabilitado hasta 2030, enfrenta más de 40 años de prisión por ser parte de una supuesta 'organización criminal' destinada a derrocar la democracia.
Un testimonio clave fue el de Mauro Cid, ex asistente personal de Bolsonaro, quien confirmó la existencia de un documento que planeaba la activación de un estado de sitio para 'rehacer las elecciones' que Lula ganó. Este documento incluía planes de detención de autoridades y la creación de un consejo electoral que anulara los resultados electorales.
A pesar de las acusaciones, Bolsonaro ha defendido su inocencia y se ha mostrado dispuesto a responder a las preguntas del tribunal. El juicio, que se considera histórico, refleja tensiones políticas profundas en Brasil y está siendo seguido a nivel internacional, con audiencias en vivo que podrían extenderse hasta el viernes.
Este martes, Bolsonaro fue interrogado en la Corte Suprema, donde se enfrentó a preguntas sobre su supuesta intentona golpista contra Lula, así como sobre un borrador de decreto encontrado en la casa de su exministro de Justicia, Anderson Torres, que proponía declarar estado de sitio y anular las elecciones. Torres admitió que tales propuestas eran “recurrentes” en los días finales de la administración Bolsonaro, pero insistió en que nunca se consideraron serias. Cid, el primer testigo interrogado, también dijo que había presenciado discusiones sobre planes para anular las elecciones de 2022, destacando el clima de conspiración que existía en el gobierno.
El ambiente en la Corte fue tenso; Bolsonaro afirmó a los medios que, si se lo permitían, hablaría “durante horas” sobre “ese supuesto golpe que jamás existió”. Este martes, Bolsonaro también admitió que convocó a los comisionados militares para “cuestionar” la victoria de Lula y reconoció que discutió alternativas dentro de la ley, aunque negó haber considerado un golpe de Estado. Según el exmandatario, las discusiones mencionadas surgieron tras las elecciones y buscaban actuar dentro de la Constitución, pero finalmente fueron descartadas por falta de una “base mínimamente sólida”. La audiencia también ha revelado que algunos de los más altos mandos militares confirmaron que las reuniones con Bolsonaro tenían un tono golpista.
En su declaración, Bolsonaro mantuvo que no hay base para las acusaciones en su contra y que la narrativa en torno a un golpe de Estado es “abominable”. Las acusaciones que enfrenta, sin embargo, podrían llevarlo a enfrentar penas que oscilan entre 12 y 40 años de prisión, reflejando la intensidad de la crisis política y social que atraviesa Brasil. La crisis democrática en Brasil y el impacto que tendría un fallo adverso para Bolsonaro en las elecciones futuras son temas candentes que se discuten desde la apertura del juicio, mientras la fiscalía sostiene que su participación en la trama culminó en el violento asalto a los tres poderes del Estado el 8 de enero de 2023, una semana después de la investidura de Lula.
Un testimonio clave fue el de Mauro Cid, ex asistente personal de Bolsonaro, quien confirmó la existencia de un documento que planeaba la activación de un estado de sitio para 'rehacer las elecciones' que Lula ganó. Este documento incluía planes de detención de autoridades y la creación de un consejo electoral que anulara los resultados electorales.
A pesar de las acusaciones, Bolsonaro ha defendido su inocencia y se ha mostrado dispuesto a responder a las preguntas del tribunal. El juicio, que se considera histórico, refleja tensiones políticas profundas en Brasil y está siendo seguido a nivel internacional, con audiencias en vivo que podrían extenderse hasta el viernes.
Este martes, Bolsonaro fue interrogado en la Corte Suprema, donde se enfrentó a preguntas sobre su supuesta intentona golpista contra Lula, así como sobre un borrador de decreto encontrado en la casa de su exministro de Justicia, Anderson Torres, que proponía declarar estado de sitio y anular las elecciones. Torres admitió que tales propuestas eran “recurrentes” en los días finales de la administración Bolsonaro, pero insistió en que nunca se consideraron serias. Cid, el primer testigo interrogado, también dijo que había presenciado discusiones sobre planes para anular las elecciones de 2022, destacando el clima de conspiración que existía en el gobierno.
El ambiente en la Corte fue tenso; Bolsonaro afirmó a los medios que, si se lo permitían, hablaría “durante horas” sobre “ese supuesto golpe que jamás existió”. Este martes, Bolsonaro también admitió que convocó a los comisionados militares para “cuestionar” la victoria de Lula y reconoció que discutió alternativas dentro de la ley, aunque negó haber considerado un golpe de Estado. Según el exmandatario, las discusiones mencionadas surgieron tras las elecciones y buscaban actuar dentro de la Constitución, pero finalmente fueron descartadas por falta de una “base mínimamente sólida”. La audiencia también ha revelado que algunos de los más altos mandos militares confirmaron que las reuniones con Bolsonaro tenían un tono golpista.
En su declaración, Bolsonaro mantuvo que no hay base para las acusaciones en su contra y que la narrativa en torno a un golpe de Estado es “abominable”. Las acusaciones que enfrenta, sin embargo, podrían llevarlo a enfrentar penas que oscilan entre 12 y 40 años de prisión, reflejando la intensidad de la crisis política y social que atraviesa Brasil. La crisis democrática en Brasil y el impacto que tendría un fallo adverso para Bolsonaro en las elecciones futuras son temas candentes que se discuten desde la apertura del juicio, mientras la fiscalía sostiene que su participación en la trama culminó en el violento asalto a los tres poderes del Estado el 8 de enero de 2023, una semana después de la investidura de Lula.