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Jueces y fiscales inician una histórica huelga de tres días contra las reformas del Gobierno que amenazan la independencia judicial
La movilización se produce en medio de un creciente conflicto entre el Estado y el poder judicial en España.
Publicado: 1 de julio de 2025, 07:47
El 1 de julio de 2025, jueces y fiscales de España han comenzado una huelga de tres días en protesta por dos reformas judiciales impulsadas por el Ministro de Justicia, Félix Bolaños. Las reformas siguen siendo objeto de intenso debate, con autoridades y asociaciones de jueces y fiscales presentando posturas divergentes. Estas reformas han sido criticadas por asociaciones judiciales, que argumentan que ponen en riesgo la independencia judicial y podría llevar a una mayor politización de la justicia. La huelga, convocada por cinco asociaciones, precedió una manifestación frente al Tribunal Supremo donde miles protestaron exigiendo la retirada de las reformas.
Los convocantes sostienen que las reformas amenazan principios del Estado de Derecho, incrementando las injerencias políticas en la justicia. **A pesar de que el Ministerio de Justicia ha transmitido que el seguimiento de la huelga ha sido de "normalidad casi absoluta", las asociaciones estiman que el apoyo a la protesta alcanzó el 75% entre jueces y fiscales, según datos primarios recogidos a través de correos electrónicos enviados por los convocantes.** Denuncian modificaciones en el sistema de acceso a las carreras judicial y fiscal que facilitarían la entrada de jueces y fiscales influenciados por intereses políticos. Los grupos en cuestión son: la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). Se planea una concentración el 28 de junio frente a la sede del Tribunal Supremo, justo antes del inicio de la huelga, destacando la urgencia de sus demandas. El ministro Bolaños defiende las reformas como necesarias para modernizar el sistema judicial y ha negado que estas afecten la independencia judicial. Sin embargo, el Pleno del CGPJ determinó que la huelga carece de base legal, lo cual ha generado debate sobre el derecho a huelga en el ámbito judicial.
Además, **las asociaciones han denunciado que, a pesar de su gran seguimiento, el Consejo General del Poder Judicial no está recabando datos que permitan el descuento de salarios a los huelguistas, complicando la medición efectiva del impacto de la suspensión de labores.** Las asociaciones convocantes han resaltado que esta es la sexta huelga que la justicia ha convocado desde la llegada de la democracia al país, buscando impedir una reforma que consideran atenta contra su independencia. Un 75% de los jueces y fiscales han respaldado la huelga, según cifras de las asociaciones organizadoras, lo que ha suscitado un fuerte apoyo entre la ciudadanía, con un 54% de los españoles a favor de las movilizaciones.K La situación ha generado una atención mediática significativa, con algunos medios destacando la división en el ámbito judicial y la oposición política al gobierno, mientras que otros enfatizan la necesidad de reformas para un sistema judicial más eficiente. La ausencia de jueces durante tres días, además, tendrá consecuencias en la suspensión de juicios y visitas programadas, generando retrasos en el calendario judicial, situación que podría extenderse a meses, según informaron expertos. Esta huelga marca un hito en la historia judicial de España, siendo la primera vez que se lleva a cabo durante tres días consecutivos.
Los convocantes sostienen que las reformas amenazan principios del Estado de Derecho, incrementando las injerencias políticas en la justicia. **A pesar de que el Ministerio de Justicia ha transmitido que el seguimiento de la huelga ha sido de "normalidad casi absoluta", las asociaciones estiman que el apoyo a la protesta alcanzó el 75% entre jueces y fiscales, según datos primarios recogidos a través de correos electrónicos enviados por los convocantes.** Denuncian modificaciones en el sistema de acceso a las carreras judicial y fiscal que facilitarían la entrada de jueces y fiscales influenciados por intereses políticos. Los grupos en cuestión son: la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). Se planea una concentración el 28 de junio frente a la sede del Tribunal Supremo, justo antes del inicio de la huelga, destacando la urgencia de sus demandas. El ministro Bolaños defiende las reformas como necesarias para modernizar el sistema judicial y ha negado que estas afecten la independencia judicial. Sin embargo, el Pleno del CGPJ determinó que la huelga carece de base legal, lo cual ha generado debate sobre el derecho a huelga en el ámbito judicial.
Además, **las asociaciones han denunciado que, a pesar de su gran seguimiento, el Consejo General del Poder Judicial no está recabando datos que permitan el descuento de salarios a los huelguistas, complicando la medición efectiva del impacto de la suspensión de labores.** Las asociaciones convocantes han resaltado que esta es la sexta huelga que la justicia ha convocado desde la llegada de la democracia al país, buscando impedir una reforma que consideran atenta contra su independencia. Un 75% de los jueces y fiscales han respaldado la huelga, según cifras de las asociaciones organizadoras, lo que ha suscitado un fuerte apoyo entre la ciudadanía, con un 54% de los españoles a favor de las movilizaciones.K La situación ha generado una atención mediática significativa, con algunos medios destacando la división en el ámbito judicial y la oposición política al gobierno, mientras que otros enfatizan la necesidad de reformas para un sistema judicial más eficiente. La ausencia de jueces durante tres días, además, tendrá consecuencias en la suspensión de juicios y visitas programadas, generando retrasos en el calendario judicial, situación que podría extenderse a meses, según informaron expertos. Esta huelga marca un hito en la historia judicial de España, siendo la primera vez que se lleva a cabo durante tres días consecutivos.