Progresista 100%Conservador 0%
Jueces y fiscales en huelga: cifras discrepantes entre asociaciones y Gobierno marcan el conflicto judicial en España
Mientras que las asociaciones estiman un 70% de apoyo en la segunda jornada de huelga, el Gobierno rebaja la cifra a un 30%.
Publicado: 2 de julio de 2025, 20:00
El conflicto entre el Ministerio de Justicia y las asociaciones de jueces y fiscales se centra en la huelga que comenzó el 1 de julio y que se extenderá hasta el 3 de julio, como respuesta a dos reformas contestadas que modifican el acceso a la carrera judicial y redefinen el papel del fiscal general. Las organizaciones convocantes afirman que el seguimiento de la segunda jornada de huelga es del 70%, una cifra inferior al 75% reportado el primer día. En contraste, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha defendido una cifra significativamente más baja, solo del 30,84%, apoyándose en datos proporcionados por los tribunales superiores de justicia.
Las organizaciones que lideran la huelga, entre las que se encuentran la Asociación Profesional de la Magistratura y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, han criticado abiertamente la falta de comunicación por parte del Gobierno y la negativa a reconocer el derecho a huelga de los jueces y fiscales. Los servicios mínimos establecidos por el comité de huelga han permitido que el impacto sobre la ciudadanía haya sido limitado, aunque se han reportado incidentes de juicios suspendidos. Algunas fuentes, como la Asociación de Abogados, destacan que casi el 50% de los juicios programados tuvo que ser cancelado.
Tras esta primera fase de protestas, las asociaciones han manifestado su deseo de abrir un diálogo con el Ministerio, a pesar de la resistencia del Gobierno a reconocer las movilizaciones como una huelga legal, sugiriendo un vacío legal en la regulación del derecho a huelga para jueces y fiscales. Las próximas jornadas serán cruciales para determinar la continuidad del paro y la respuesta del Gobierno ante las demandas de los grupos que han venido enfrentándose por la dirección futura de la justicia en España.
Las organizaciones que lideran la huelga, entre las que se encuentran la Asociación Profesional de la Magistratura y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, han criticado abiertamente la falta de comunicación por parte del Gobierno y la negativa a reconocer el derecho a huelga de los jueces y fiscales. Los servicios mínimos establecidos por el comité de huelga han permitido que el impacto sobre la ciudadanía haya sido limitado, aunque se han reportado incidentes de juicios suspendidos. Algunas fuentes, como la Asociación de Abogados, destacan que casi el 50% de los juicios programados tuvo que ser cancelado.
Tras esta primera fase de protestas, las asociaciones han manifestado su deseo de abrir un diálogo con el Ministerio, a pesar de la resistencia del Gobierno a reconocer las movilizaciones como una huelga legal, sugiriendo un vacío legal en la regulación del derecho a huelga para jueces y fiscales. Las próximas jornadas serán cruciales para determinar la continuidad del paro y la respuesta del Gobierno ante las demandas de los grupos que han venido enfrentándose por la dirección futura de la justicia en España.