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José María Ángel Batalla dimite como comisionado del Gobierno para la DANA tras la controversia por su título falso
La Fiscalía Anticorrupción investiga la autenticidad de su diplomado en Archivística, lo que ha llevado a su renuncia y jubilación anticipada.
Publicado: 1 de agosto de 2025, 06:43
José María Ángel Batalla ha presentado su dimisión tras ser señalado por la Agencia Valenciana Antifraude por la presunta falsificación de un título universitario. En su carta de renuncia, Batalla menciona la presión y las acusaciones que han puesto en duda su honor y credibilidad. La controversia se centra en la validación de su título en Archivística, que supuestamente es falso, lo que llevó a la Fiscalía Anticorrupción a abrir diligencias en respuesta a un informe que cuestiona la autenticidad del documento.
A lo largo de su carta, Batalla se defiende señalando que ha dedicado más de 40 años al servicio público y ha sido víctima de un procedimiento para desacreditarlo. Junto a su renuncia como comisionado, también dejó su puesto como presidente del PSOE en Valencia, siendo Zulima Pérez nombrada como su sucesora. Las reacciones en el ámbito político reflejan una división de opiniones, con compañeros defendiendo su honorabilidad y la oposición criticando su gestión, lo que revela el impacto de su renuncia en el partido.
El escándalo también ha llevado a la Diputación de Valencia a investigar la situación laboral de su esposa, generando más preguntas sobre las prácticas en la administración pública y los certificados de los funcionarios. En un contexto más amplio, la controversia por falsificación de títulos académicos ha afectado recientemente a otros políticos en España, incluida la renuncia de Ignacio Higuero, consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura, quien dimitió tras ser acusado de falsear su currículum, indicando que era “Licenciado en Marketing por el CEU en 1993”, cuando esa titulación no existía oficialmente. Este caso, junto con el de Batalla, plantea nuevamente la necesidad de revisar la validez de las credenciales académicas en el ámbito político. Higuero ha calificado su renuncia como una “decisión responsable” para no causar ningún perjuicio al Gobierno autonómico, y su situación ha generado un debate sobre la transparencia necesaria en la administración pública. Este asunto ha llevado a otros partidos políticos, como el PP y el PSOE, a solicitar a sus miembros revisar y actualizar sus credenciales académicas, anticipando que el tema seguirá siendo relevante en el contexto político español.
A lo largo de su carta, Batalla se defiende señalando que ha dedicado más de 40 años al servicio público y ha sido víctima de un procedimiento para desacreditarlo. Junto a su renuncia como comisionado, también dejó su puesto como presidente del PSOE en Valencia, siendo Zulima Pérez nombrada como su sucesora. Las reacciones en el ámbito político reflejan una división de opiniones, con compañeros defendiendo su honorabilidad y la oposición criticando su gestión, lo que revela el impacto de su renuncia en el partido.
El escándalo también ha llevado a la Diputación de Valencia a investigar la situación laboral de su esposa, generando más preguntas sobre las prácticas en la administración pública y los certificados de los funcionarios. En un contexto más amplio, la controversia por falsificación de títulos académicos ha afectado recientemente a otros políticos en España, incluida la renuncia de Ignacio Higuero, consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura, quien dimitió tras ser acusado de falsear su currículum, indicando que era “Licenciado en Marketing por el CEU en 1993”, cuando esa titulación no existía oficialmente. Este caso, junto con el de Batalla, plantea nuevamente la necesidad de revisar la validez de las credenciales académicas en el ámbito político. Higuero ha calificado su renuncia como una “decisión responsable” para no causar ningún perjuicio al Gobierno autonómico, y su situación ha generado un debate sobre la transparencia necesaria en la administración pública. Este asunto ha llevado a otros partidos políticos, como el PP y el PSOE, a solicitar a sus miembros revisar y actualizar sus credenciales académicas, anticipando que el tema seguirá siendo relevante en el contexto político español.