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José Luis Ábalos y su mediación en la concesión de licencias a Villafuel implican a altos funcionarios en un escándalo de corrupción.
La UCO revela detalles de un informe que vincula a Ábalos con la obtención de licencias mediante sobornos y contactos en el Gobierno.
Publicado: 12 de diciembre de 2025, 03:53
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha hecho público un informe que confirma la mediación de José Luis Ábalos, exministro de Transportes, en el proceso de concesión de licencias a la empresa de hidrocarburos Villafuel, lo que ha provocado un escándalo en la política española. Las licencias se habrían facilitado a cambio de comisiones por un total de más de un millón de euros, según el informe.
La investigación señala que el asesor de Ábalos, Koldo García, tuvo contactos con los jefes de gabinete de los ministerios relacionados, buscando facilitar la obtención de una licencia operativa. Mensajes interceptados sugieren que la compra de un chalet en La Alcaidesa estaba vinculada a la concesión de la licencia, revelando la implicación de Ábalos en un esquema de sobornos y corrupción.
Además, el informe destaca que, a pesar de su destitución como ministro, Ábalos mantenía influencia sobre el proceso, lo que ha llevado a sospechas sobre la continuidad de la operación y la integridad del Gobierno. La investigación también menciona un presunto fraude fiscal de más de 220 millones de euros relacionado con la trama.
La investigación señala que el asesor de Ábalos, Koldo García, tuvo contactos con los jefes de gabinete de los ministerios relacionados, buscando facilitar la obtención de una licencia operativa. Mensajes interceptados sugieren que la compra de un chalet en La Alcaidesa estaba vinculada a la concesión de la licencia, revelando la implicación de Ábalos en un esquema de sobornos y corrupción.
Además, el informe destaca que, a pesar de su destitución como ministro, Ábalos mantenía influencia sobre el proceso, lo que ha llevado a sospechas sobre la continuidad de la operación y la integridad del Gobierno. La investigación también menciona un presunto fraude fiscal de más de 220 millones de euros relacionado con la trama.