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John Bolton, exasesor de Trump, es imputado por mal uso de información clasificada en un caso sin precedentes
La imputación se produce en un contexto de creciente tensión entre el exasesor y el expresidente, junto con otros críticos enfrentando cargos judiciales.
Publicado: 17 de octubre de 2025, 06:52
Un jurado federal de Estados Unidos ha imputado este jueves a John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional de Donald Trump, por mal uso de información clasificada, enfrentando un total de 18 cargos por transmitir y retener información de defensa nacional. Esta imputación convierte a Bolton en el tercer crítico de Trump que enfrenta cargos penales en un breve periodo. Las acusaciones provienen de una investigación que examina el uso de correos personales por parte de Bolton para actividades relacionadas con su trabajo entre 2017 y 2021, incluyendo información clasificada.
Bolton se entregó a las autoridades judiciales este viernes y se declaró no culpable de los cargos ante un tribunal en Greenbelt, Maryland, tras su imputación. Durante su comparecencia, Bolton afirmó entender la naturaleza de las acusaciones. Alega que se ha convertido en una víctima de una venganza política por parte del Departamento de Justicia, que busca atacar a sus críticos, y sostiene que varios de los cargos ya habían sido desestimados en el pasado. Trump, preguntado sobre el asunto, expresó que no conocía los detalles, pero calificó la situación de 'triste'. La imputación de Bolton se sitúa dentro de un patrón continuo donde otros críticos de Trump han enfrentado cargos judiciales, lo que plantea interrogantes sobre el uso de la justicia con fines políticos.
Según la acusación, Bolton supuestamente redactó resúmenes diarios de sus actividades en la Casa Blanca, los cuales compartió con su esposa e hija para su uso en un libro que publicó en 2020. Las alegaciones indican que las comunicaciones que había mantenido con dos familiares fueron vulneradas tras un hackeo que involucró a operativos relacionados con Irán. Bolton está acusado de ocho cargos por transmitir información de defensa nacional y diez por retenerla, cada uno con penas máximas de hasta 10 años de prisión si es hallado culpable.
La próxima audiencia está programada para el 21 de noviembre, y el caso de Bolton destaca las complicaciones del entorno político estadounidense actual, donde luchas de poder se trasladan al ámbito judicial, lo que genera interrogantes sobre la imparcialidad del sistema judicial en el tratamiento de figuras políticas importantes.
Bolton se entregó a las autoridades judiciales este viernes y se declaró no culpable de los cargos ante un tribunal en Greenbelt, Maryland, tras su imputación. Durante su comparecencia, Bolton afirmó entender la naturaleza de las acusaciones. Alega que se ha convertido en una víctima de una venganza política por parte del Departamento de Justicia, que busca atacar a sus críticos, y sostiene que varios de los cargos ya habían sido desestimados en el pasado. Trump, preguntado sobre el asunto, expresó que no conocía los detalles, pero calificó la situación de 'triste'. La imputación de Bolton se sitúa dentro de un patrón continuo donde otros críticos de Trump han enfrentado cargos judiciales, lo que plantea interrogantes sobre el uso de la justicia con fines políticos.
Según la acusación, Bolton supuestamente redactó resúmenes diarios de sus actividades en la Casa Blanca, los cuales compartió con su esposa e hija para su uso en un libro que publicó en 2020. Las alegaciones indican que las comunicaciones que había mantenido con dos familiares fueron vulneradas tras un hackeo que involucró a operativos relacionados con Irán. Bolton está acusado de ocho cargos por transmitir información de defensa nacional y diez por retenerla, cada uno con penas máximas de hasta 10 años de prisión si es hallado culpable.
La próxima audiencia está programada para el 21 de noviembre, y el caso de Bolton destaca las complicaciones del entorno político estadounidense actual, donde luchas de poder se trasladan al ámbito judicial, lo que genera interrogantes sobre la imparcialidad del sistema judicial en el tratamiento de figuras políticas importantes.