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Joaquim Bosch critica el auto del Supremo que procesa al fiscal general del Estado por falta de evidencia clara
El jurista enfatiza que las sospechas no son suficientes para llevar a juicio a una figura de tal envergadura.
Publicado: 9 de junio de 2025, 19:50
La decisión del juez del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, de procesar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha generado un revuelo en el ámbito político y judicial. Joaquim Bosch, jurista y magistrado, ha expresado públicamente sus dudas respecto a las evidencias presentadas en este auto, lo que resalta un conflicto institucional significativo.
Bosch ha subrayado que es fundamental contar con 'elementos indiciarios muy claros' para llevar a juicio a un fiscal general, una figura que ocupa un cargo de gran relevancia en el sistema judicial. En sus declaraciones, dice: “No se le puede llevar con sospechas, hipótesis o conjeturas”, haciendo énfasis en que el peso de la evidencia debe ser considerable.
El clima político también juega un rol en este escenario. El Partido Popular ha exigido la dimisión del fiscal general tras este auto, argumentando que su comportamiento es intolerable y debe rendir cuentas. Sin embargo, tanto Bosch como otros expertos señalan que no existe una norma legal que obligue a García Ortiz a dimitir, lo que hace que la decisión se convierta en un asunto de naturaleza política más que jurídica.
Bosch ha subrayado que es fundamental contar con 'elementos indiciarios muy claros' para llevar a juicio a un fiscal general, una figura que ocupa un cargo de gran relevancia en el sistema judicial. En sus declaraciones, dice: “No se le puede llevar con sospechas, hipótesis o conjeturas”, haciendo énfasis en que el peso de la evidencia debe ser considerable.
El clima político también juega un rol en este escenario. El Partido Popular ha exigido la dimisión del fiscal general tras este auto, argumentando que su comportamiento es intolerable y debe rendir cuentas. Sin embargo, tanto Bosch como otros expertos señalan que no existe una norma legal que obligue a García Ortiz a dimitir, lo que hace que la decisión se convierta en un asunto de naturaleza política más que jurídica.