Progresista 75.5%Conservador 24.5%
Jefe de Bomberos confirma que la Generalitat conocía riesgo del barranco del Poyo más de dos horas antes de la alerta durante la DANA
La tardanza en la activación de la alerta contribuyó a un mayor número de víctimas en la tragedia que dejó 229 muertos en Valencia.
Publicado: 10 de septiembre de 2025, 11:55
En el marco del juicio sobre la DANA que dejó trágicamente 229 muertos el pasado octubre, un alto mando del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, Manuel Alonso, ha confirmado ante la jueza de Catarroja que la Generalitat fue informada del grave riesgo de desbordamiento del barranco del Poyo a las 17:30 horas del 29 de octubre. Sin embargo, la alerta a la población no se envió hasta las 20:11 horas. La falta de vigilancia adecuada y las decisiones tomadas bajo un mal entendimiento de la emergencia condujeron a una de las peores tragedias en la historia de Valencia.
Alonso testificó que el Centro de Coordinación de Emergencias recibió un aviso claro sobre el riesgo en base a informes sobre el crecimiento del caudal. Añadiendo que se recibieron 2.438 llamadas al 112 solo entre las 17:00 y las 18:00 horas, indicando un alto nivel de preocupación por la situación crítica. A pesar de las advertencias, los efectivos que supervisaban el Poyo se retiraron antes de que se enviara la alerta, lo que llevó a la acumulación de llamadas al 112 y a un desbordamiento que ya era inminente. El testimonio sugiere que un seguimiento más riguroso podría haber evitado pérdidas de vidas.
Las críticas políticas aumentan, con el Partido Popular pidiendo explicaciones por la decisión de terminar con la vigilancia en el área, lo que agravó la crisis, considerando que otros cuerpos también se retiraron, contribuyendo a la falta de respuesta en un momento crítico. Manuel Alonso aclaró que la retirada de los bomberos sucedió bajo la orden del sargento Gregori Fallos, porque no recibieron solicitudes de nuevas mediciones de la Generalitat.
Además, la Confederación Hidrográfica del Júcar admitió que sus agentes también dejaron de vigilar la zona a las 17:00 horas, contribuyendo al déficit de atención sobre el Poyo. Esta revelación agrava la situación ya que la responsabilidad parece ser compartida en la cadena de decisiones que llevaron al trágico desenlace. En su defensa, la consejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, argumentó que no disponía de información suficiente para interpretar la magnitud de la crisis. Un audio grabado por RTVE a las 19:00 horas del 29 de octubre revela conversaciones en las que altos responsables de la Generalitat mostraban incertidumbre sobre la situación y eran reacios a comunicarse con otros organismos involucrados.
Alonso testificó que el Centro de Coordinación de Emergencias recibió un aviso claro sobre el riesgo en base a informes sobre el crecimiento del caudal. Añadiendo que se recibieron 2.438 llamadas al 112 solo entre las 17:00 y las 18:00 horas, indicando un alto nivel de preocupación por la situación crítica. A pesar de las advertencias, los efectivos que supervisaban el Poyo se retiraron antes de que se enviara la alerta, lo que llevó a la acumulación de llamadas al 112 y a un desbordamiento que ya era inminente. El testimonio sugiere que un seguimiento más riguroso podría haber evitado pérdidas de vidas.
Las críticas políticas aumentan, con el Partido Popular pidiendo explicaciones por la decisión de terminar con la vigilancia en el área, lo que agravó la crisis, considerando que otros cuerpos también se retiraron, contribuyendo a la falta de respuesta en un momento crítico. Manuel Alonso aclaró que la retirada de los bomberos sucedió bajo la orden del sargento Gregori Fallos, porque no recibieron solicitudes de nuevas mediciones de la Generalitat.
Además, la Confederación Hidrográfica del Júcar admitió que sus agentes también dejaron de vigilar la zona a las 17:00 horas, contribuyendo al déficit de atención sobre el Poyo. Esta revelación agrava la situación ya que la responsabilidad parece ser compartida en la cadena de decisiones que llevaron al trágico desenlace. En su defensa, la consejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, argumentó que no disponía de información suficiente para interpretar la magnitud de la crisis. Un audio grabado por RTVE a las 19:00 horas del 29 de octubre revela conversaciones en las que altos responsables de la Generalitat mostraban incertidumbre sobre la situación y eran reacios a comunicarse con otros organismos involucrados.