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Jaume Asens denuncia al alcalde de Badalona por delitos de odio en el desalojo de migrantes del B9 y se busca solución habitacional
El eurodiputado de los Comuns presenta una denuncia ante la Fiscalía y el Govern llega a un acuerdo para realojar a los afectados.
Publicado: 26 de diciembre de 2025, 11:21
El eurodiputado de los Comuns, Jaume Asens, ha presentado una denuncia penal contra el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, por diversos delitos relacionados con el desalojo de migrantes del antiguo instituto B9. Esta denuncia incluye acusaciones de delitos de odio, dado que el desalojo se llevó a cabo sin ofrecer alternativas habitacionales, contraviniendo una resolución judicial. Asens ha criticado la actitud del alcalde, que ha mostrado negativa a facilitar alojamiento a los migrantes, generando una crisis humanitaria en la ciudad.
En respuesta a esta situación, el Govern de la Generalitat ha alcanzado un acuerdo para realojar a muchos de los migrantes en diferentes centros, aunque organizaciones sociales advierten que esto no es una solución duradera. Además, el contexto de tensiones sociales y los comentarios xenófobos tolerados por el alcalde Albiol refuerzan las preocupaciones sobre discriminación y gestión de la migración en Badalona. De acuerdo con la Generalitat, de las 180 personas identificadas como vulnerables tras el desalojo, al menos 120 ya han sido acogidas en un dispositivo de emergencia, aunque se ha reportado que algunos han rechazado la reubicación y aún hay quienes permanecen en condiciones precarias bajo un puente local.
La denuncia de Asens se inscribe en una investigación más amplia, solicitada por el ministerio público, que busca verificar si el Ayuntamiento ha cumplido su obligación de ofrecer alojamiento a los desalojados. Los nuevos desarrollos en este caso han enfatizado la crítica a la falta de políticas efectivas que garanticen los derechos de los migrantes, lo que puede incitar al odio y la discriminación en una ciudad ya marcada por estas problemáticas.
Las reacciones no se han hecho esperar: distintas ONG han lamentado la insuficiencia de las medidas adoptadas por el Govern y han instado a la creación de políticas estructurales que aborden la problemática de la vivienda y la inclusión de migrantes. Esta situación ha generado un debate en la sociedad sobre la responsabilidad de los gobiernos locales en la atención a colectivos vulnerables y la necesidad de un enfoque más humano en la política migratoria.
Recientemente, un centenar de los migrantes que acamparon temporalmente en una plaza cercana al B9 fueron desalojados por la policía local, lo que agrava aún más la crisis habitacional en la región. Las condiciones de vida de los desalojados, muchos de los cuales son inmigrantes en situación irregular, siguen siendo precarias y sin solución a la vista, generando un entorno de tensión y preocupación social.
En respuesta a esta situación, el Govern de la Generalitat ha alcanzado un acuerdo para realojar a muchos de los migrantes en diferentes centros, aunque organizaciones sociales advierten que esto no es una solución duradera. Además, el contexto de tensiones sociales y los comentarios xenófobos tolerados por el alcalde Albiol refuerzan las preocupaciones sobre discriminación y gestión de la migración en Badalona. De acuerdo con la Generalitat, de las 180 personas identificadas como vulnerables tras el desalojo, al menos 120 ya han sido acogidas en un dispositivo de emergencia, aunque se ha reportado que algunos han rechazado la reubicación y aún hay quienes permanecen en condiciones precarias bajo un puente local.
La denuncia de Asens se inscribe en una investigación más amplia, solicitada por el ministerio público, que busca verificar si el Ayuntamiento ha cumplido su obligación de ofrecer alojamiento a los desalojados. Los nuevos desarrollos en este caso han enfatizado la crítica a la falta de políticas efectivas que garanticen los derechos de los migrantes, lo que puede incitar al odio y la discriminación en una ciudad ya marcada por estas problemáticas.
Las reacciones no se han hecho esperar: distintas ONG han lamentado la insuficiencia de las medidas adoptadas por el Govern y han instado a la creación de políticas estructurales que aborden la problemática de la vivienda y la inclusión de migrantes. Esta situación ha generado un debate en la sociedad sobre la responsabilidad de los gobiernos locales en la atención a colectivos vulnerables y la necesidad de un enfoque más humano en la política migratoria.
Recientemente, un centenar de los migrantes que acamparon temporalmente en una plaza cercana al B9 fueron desalojados por la policía local, lo que agrava aún más la crisis habitacional en la región. Las condiciones de vida de los desalojados, muchos de los cuales son inmigrantes en situación irregular, siguen siendo precarias y sin solución a la vista, generando un entorno de tensión y preocupación social.