Japón refuerza sus políticas migratorias con nuevas tarifas y controles, generando inquietud entre residentes extranjeros y expertos.

En las últimas semanas, el Gobierno japonés ha implementado un endurecimiento en sus políticas migratorias que ha suscitado preocupación y críticas. Este paquete de medidas, que incluye aumentos drásticos en las tarifas para renovar visados y obtener residencia permanente, ha sido influenciado por la presión de sectores conservadores, generando un clima de sospecha hacia la población no japonesa. Las tarifas son desproporcionadas y las estadísticas oficiales contradicen la narrativa del Gobierno sobre un aumento de fraudes entre los extranjeros, mostrando que los delitos cometidos por estos son menos frecuentes que los de los ciudadanos japoneses.

Expertos advierten que este enfoque socava los principios de convivencia en la sociedad japonesa y erosiona su imagen internacional como un país abierto. La crítica subraya que las políticas restrictivas llegan en un momento crítico para la economía japonesa, enfrentando desafíos como el envejecimiento y la caída de la natalidad. Además, el clima de desconfianza puede generar conflictos entre ciudadanos japoneses y extranjeros que sostienen sectores clave de la economía, afectando también la captura de talento necesario para competitividad en el escenario global.

Muchos trabajadores extranjeros manifiestan su temor a los errores administrativos que podrían resultar en expulsiones, lo que genera una ansiedad constante. La respuesta del Gobierno sigue centrada en medidas restrictivas, ignorando la importancia de apoyar a aquellos que contribuyen a la sociedad. En lugar de facilitar la integración, Japón parece cerrarse más a la posibilidad de acogerse a una mano de obra vital.