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Isabel Pardo de Vera y Javier Herrero, ex altos cargos de Transportes, comparecen ante el juez por corrupción en licitaciones públicas.
La Audiencia Nacional investiga a los exresponsables por presuntamente favorecer adjudicaciones a cambio de sobornos en el marco del caso Koldo.
Publicado: 21 de julio de 2025, 11:49
Isabel Pardo de Vera, expresidenta de ADIF, y Javier Herrero, exdirector general de Carreteras, se han presentado ante el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, en el contexto de las investigaciones del caso Koldo. Ambos están bajo investigación por la adjudicación irregular de obras a constructoras a cambio de comisiones ilegales, enfrentando cinco delitos, incluidos organización criminal y cohecho.
Como resultado de su comparecencia, el juez Moreno ha decidido retirar el pasaporte y prohibir la salida del país a Pardo de Vera y Herrero, medidas solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción tras escuchar sus declaraciones el lunes. El escándalo gira en torno a prácticas corruptas en la asignación de contratos públicos en el Ministerio de Transportes, donde se registraron irregularidades que condujeron a adjudicaciones millonarias. En su comparecencia, Pardo de Vera negó las acusaciones de corrupción, enfatizando que nunca aceptó peticiones de Koldo García, asesor del entonces ministro José Luis Ábalos, quien supuestamente ejercía presiones inapropiadas en el proceso de adjudicación. Ambos, sin embargo, están imputados por pertenencia a organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, mientras que se han descartado los cargos de prevaricación y malversación.
A medida que avanza la investigación, los registros del 26 de junio en las residencias de los imputados han arrojado elementos significativos, incluyendo documentos relacionados con contratos de obras públicas y potenciales pruebas de la implicación de otros actores políticos y empresariales en la trama. Este caso también ha intensificado los cuestionamientos sobre la integridad de las adjudicaciones en España, y se espera que continúen saliendo a la luz más detalles que involucren a otros implicados.
Los indicios indican que Pardo de Vera pudo haber favorecido de forma recurrente a constructoras como Acciona y Levantina Ingeniería y Construcción, lo que añade complejidad a la situación y aumenta la presión sobre el partido en el poder, el PSOE, en el contexto de otros casos de corrupción.
Como resultado de su comparecencia, el juez Moreno ha decidido retirar el pasaporte y prohibir la salida del país a Pardo de Vera y Herrero, medidas solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción tras escuchar sus declaraciones el lunes. El escándalo gira en torno a prácticas corruptas en la asignación de contratos públicos en el Ministerio de Transportes, donde se registraron irregularidades que condujeron a adjudicaciones millonarias. En su comparecencia, Pardo de Vera negó las acusaciones de corrupción, enfatizando que nunca aceptó peticiones de Koldo García, asesor del entonces ministro José Luis Ábalos, quien supuestamente ejercía presiones inapropiadas en el proceso de adjudicación. Ambos, sin embargo, están imputados por pertenencia a organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, mientras que se han descartado los cargos de prevaricación y malversación.
A medida que avanza la investigación, los registros del 26 de junio en las residencias de los imputados han arrojado elementos significativos, incluyendo documentos relacionados con contratos de obras públicas y potenciales pruebas de la implicación de otros actores políticos y empresariales en la trama. Este caso también ha intensificado los cuestionamientos sobre la integridad de las adjudicaciones en España, y se espera que continúen saliendo a la luz más detalles que involucren a otros implicados.
Los indicios indican que Pardo de Vera pudo haber favorecido de forma recurrente a constructoras como Acciona y Levantina Ingeniería y Construcción, lo que añade complejidad a la situación y aumenta la presión sobre el partido en el poder, el PSOE, en el contexto de otros casos de corrupción.