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Interior informa a la jueza de dos detenciones en Marruecos por Ceuta
Una nota de la embajada española, basada en informaciones de medios marroquíes, vincula a los sospechosos con un grupo de WhatsApp que promovía entradas irregulares.
Publicado: 7 de noviembre de 2026, 07:50
El Ministerio del Interior ha remitido a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón una nota que informa de la detención en Marruecos de dos presuntos administradores de un grupo de WhatsApp utilizado para promover entradas colectivas irregulares en Ceuta. La magistrada investiga la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma los días 30 y 31 de julio.
La nota, elaborada el 7 de agosto por la Consejería de Interior de la Embajada de España en Marruecos, se basa en informaciones publicadas por medios marroquíes. El documento no recoge datos facilitados por las autoridades de Rabat ni indica que la consejería se hubiera puesto en contacto con ellas.
Según la información trasladada, la Gendarmería Real detuvo a los dos sospechosos en Fnideq, también conocido como Castillejos, el 6 de agosto. La actuación se desarrolló en coordinación con el centro judicial de la Gendarmería Real de Tetuán, después de que investigaciones técnicas identificaran a varias personas relacionadas con la gestión del grupo.
Al primer detenido, identificado por las iniciales Y.Ch., se le atribuye la creación o administración principal del canal. Según la nota, habría difundido mensajes dirigidos principalmente a jóvenes para animarlos a desplazarse a Fnideq e intentar llegar irregularmente a Ceuta, con referencias expresas a la entrada a nado. El segundo, identificado como M.M., también era sospechoso de participar en la administración del grupo.
Interior señala que las investigaciones seguían abiertas para precisar la participación de cada detenido, las dimensiones del grupo y la posible implicación de otras personas en su administración o en la difusión de las convocatorias. La nota advierte de que la información publicada no permite determinar si se trataba de una estructura estable ni si sus administradores tenían capacidad acreditada para coordinar por sí solos una movilización masiva.
Tampoco se había difundido información verificable sobre el número de integrantes, el alcance de los mensajes, una posible financiación o vinculación con redes de tráfico de migrantes, ni sobre la participación de los detenidos en otras convocatorias. La nota añade que las actuaciones judiciales deberán determinar el grado de organización y las eventuales conexiones de los investigados.
El documento recoge además que el Tribunal de Primera Instancia de Tetuán había condenado a varias personas investigadas por organizar o incitar operaciones colectivas de cruce. Según la consejería, las investigaciones marroquíes incluían actuaciones digitales para localizar a los administradores de los canales que promovían desplazamientos y tentativas de entrada, además de la intervención física sobre potenciales migrantes concentrados en Fnideq.
La jueza dispone también de informes solicitados a la Guardia Civil, la Policía Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). La Policía identificó a dos altos mandos marroquíes que aparecen en vídeos de las entradas dando instrucciones en las inmediaciones del paso fronterizo.
En un informe del 27 de octubre sobre el despliegue de efectivos y medios materiales, la Guardia Civil estima que aproximadamente 88.146 migrantes podrían haber retornado a Marruecos tras la entrada en Ceuta, una cifra superior a la facilitada hasta entonces por el Gobierno español. El documento cifra en 862 los rescates realizados en aguas nacionales y en 90 las personas fallecidas.
Otro informe de la Guardia Civil, elaborado a principios de julio, advertía de que la doctrina reciente del Tribunal Supremo incrementaría las entradas irregulares por mar a Ceuta y Melilla y alertaba de un posible efecto llamada. La Policía española proponía reforzar los efectivos en la zona.
En un informe del 30 de julio, el CNI analizó la situación y las perspectivas del desplazamiento masivo hacia Ceuta y señaló que, en el plano operativo, no había detectado una reacción proactiva de las autoridades marroquíes ante la pérdida de control de la situación, más allá del despliegue de algunas unidades antidisturbios.
Interior, por su parte, ha explicado a la jueza que en los días previos no recibió alertas ni documentación operativa que anticiparan un riesgo de entrada masiva de la magnitud de la que se produjo.
La nota, elaborada el 7 de agosto por la Consejería de Interior de la Embajada de España en Marruecos, se basa en informaciones publicadas por medios marroquíes. El documento no recoge datos facilitados por las autoridades de Rabat ni indica que la consejería se hubiera puesto en contacto con ellas.
Según la información trasladada, la Gendarmería Real detuvo a los dos sospechosos en Fnideq, también conocido como Castillejos, el 6 de agosto. La actuación se desarrolló en coordinación con el centro judicial de la Gendarmería Real de Tetuán, después de que investigaciones técnicas identificaran a varias personas relacionadas con la gestión del grupo.
Al primer detenido, identificado por las iniciales Y.Ch., se le atribuye la creación o administración principal del canal. Según la nota, habría difundido mensajes dirigidos principalmente a jóvenes para animarlos a desplazarse a Fnideq e intentar llegar irregularmente a Ceuta, con referencias expresas a la entrada a nado. El segundo, identificado como M.M., también era sospechoso de participar en la administración del grupo.
Interior señala que las investigaciones seguían abiertas para precisar la participación de cada detenido, las dimensiones del grupo y la posible implicación de otras personas en su administración o en la difusión de las convocatorias. La nota advierte de que la información publicada no permite determinar si se trataba de una estructura estable ni si sus administradores tenían capacidad acreditada para coordinar por sí solos una movilización masiva.
Tampoco se había difundido información verificable sobre el número de integrantes, el alcance de los mensajes, una posible financiación o vinculación con redes de tráfico de migrantes, ni sobre la participación de los detenidos en otras convocatorias. La nota añade que las actuaciones judiciales deberán determinar el grado de organización y las eventuales conexiones de los investigados.
El documento recoge además que el Tribunal de Primera Instancia de Tetuán había condenado a varias personas investigadas por organizar o incitar operaciones colectivas de cruce. Según la consejería, las investigaciones marroquíes incluían actuaciones digitales para localizar a los administradores de los canales que promovían desplazamientos y tentativas de entrada, además de la intervención física sobre potenciales migrantes concentrados en Fnideq.
La jueza dispone también de informes solicitados a la Guardia Civil, la Policía Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). La Policía identificó a dos altos mandos marroquíes que aparecen en vídeos de las entradas dando instrucciones en las inmediaciones del paso fronterizo.
En un informe del 27 de octubre sobre el despliegue de efectivos y medios materiales, la Guardia Civil estima que aproximadamente 88.146 migrantes podrían haber retornado a Marruecos tras la entrada en Ceuta, una cifra superior a la facilitada hasta entonces por el Gobierno español. El documento cifra en 862 los rescates realizados en aguas nacionales y en 90 las personas fallecidas.
Otro informe de la Guardia Civil, elaborado a principios de julio, advertía de que la doctrina reciente del Tribunal Supremo incrementaría las entradas irregulares por mar a Ceuta y Melilla y alertaba de un posible efecto llamada. La Policía española proponía reforzar los efectivos en la zona.
En un informe del 30 de julio, el CNI analizó la situación y las perspectivas del desplazamiento masivo hacia Ceuta y señaló que, en el plano operativo, no había detectado una reacción proactiva de las autoridades marroquíes ante la pérdida de control de la situación, más allá del despliegue de algunas unidades antidisturbios.
Interior, por su parte, ha explicado a la jueza que en los días previos no recibió alertas ni documentación operativa que anticiparan un riesgo de entrada masiva de la magnitud de la que se produjo.