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Interior despliega un dispositivo de seguridad para la huelga general del 11N
La instrucción busca proteger los derechos de huelga y trabajo, la movilidad y las infraestructuras críticas durante la jornada.
Publicado: 11 de noviembre de 2026, 07:56
El Ministerio del Interior ha desplegado un dispositivo de seguridad para la huelga general de este miércoles, 11 de noviembre, con instrucciones para evitar la actuación coercitiva de piquetes que utilicen la violencia y la colocación de barricadas en las carreteras. El plan pretende garantizar tanto el derecho de huelga como el de quienes decidan acudir a trabajar.
La secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, firmó la instrucción el 6 de noviembre, basada en un plan de inteligencia que analizaba los riesgos de las zonas consideradas más sensibles. La remitió a los directores de la Policía Nacional y la Guardia Civil, a los delegados del Gobierno en las comunidades autónomas y al director general de Coordinación y Recursos del Ministerio del Interior. La planificación comenzó el domingo 8 y la fase operativa estará vigente durante las 24 horas del miércoles.
Desde la madrugada hay agentes en los accesos a polígonos industriales para permitir la entrada y salida de trabajadores. La orden también prevé garantizar el movimiento de personas y mercancías en áreas comerciales y mercados centrales de abastecimiento, así como medidas de protección para el pequeño comercio y las grandes superficies.
El despliegue alcanza las cocheras de autobuses urbanos e interurbanos y de metro, donde se busca proteger a los trabajadores que cubran los servicios mínimos y a quienes no secunden el paro. En estaciones y vías ferroviarias se pretende evitar interrupciones y daños materiales. En las carreteras, las instrucciones contemplan impedir tanto las barricadas como los bloqueos mediante vehículos.
La Guardia Civil tiene además instrucciones para proteger infraestructuras críticas, incluidas las de energía y comunicaciones. Su Agrupación de Tráfico deberá mantener las vías despejadas y, si se produce un corte, asegurar al menos el paso de vehículos de emergencia y ambulancias. También se ha reforzado la vigilancia en aeropuertos, puertos y centrales nucleares.
Policía y Guardia Civil deben elaborar sus planes operativos y coordinarse con las policías autonómicas y locales, los servicios de emergencia y la seguridad privada. La Policía Nacional debe preparar una valoración de la amenaza a través de su Comisaría General de Información. La planificación tiene en cuenta el nivel 4 de alerta antiterrorista vigente en España y el Plan Nacional de Protección de las Infraestructuras Críticas.
Las incidencias se registran mediante la aplicación Gestor de Eventos, operativa desde las diez de la noche del martes hasta las ocho de la mañana del jueves. El Centro Permanente de Información y Coordinación recibe las novedades del dispositivo y, si afectan a infraestructuras críticas, también se informa al Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas. Las delegaciones del Gobierno organizan los dispositivos antidisturbios y los planes adaptados a cada territorio.
Entre los puntos de atención figuran Barcelona, su puerto, aeropuerto, accesos y nodos de transporte, así como Mercamadrid. En Madrid también se presta atención a los intercambiadores de autobús y a las estaciones de metro de Moncloa, Plaza de Castilla, Avenida de América y Plaza Elíptica.
Fuentes de la Policía y la Guardia Civil prevén un seguimiento reducido de la huelga y un foco de problemas entre quienes no la secunden y quieran ir a trabajar y grupos menores dispuestos a impedírselo. También contemplan la posible aparición de grupos extremistas y vigilan las redes ante convocatorias oportunistas de última hora. Fuentes policiales no prevén, no obstante, un rebrote de los disturbios asociados al fenómeno Blocus tras la detención de más de una veintena de agitadores.
El dispositivo se acompaña de los servicios mínimos de seguridad privada fijados en una resolución de Interior publicada el 4 de noviembre en el BOE. Establece un 90 % del personal de vigilancia en transportes públicos y centros de telecomunicaciones y un 80 % en instalaciones energéticas y nucleares, entidades financieras y sedes de medios de comunicación. La resolución justifica las medidas por la protección de los servicios esenciales y alude a los disturbios de orden público recientes en España y otros países europeos.
La secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, firmó la instrucción el 6 de noviembre, basada en un plan de inteligencia que analizaba los riesgos de las zonas consideradas más sensibles. La remitió a los directores de la Policía Nacional y la Guardia Civil, a los delegados del Gobierno en las comunidades autónomas y al director general de Coordinación y Recursos del Ministerio del Interior. La planificación comenzó el domingo 8 y la fase operativa estará vigente durante las 24 horas del miércoles.
Desde la madrugada hay agentes en los accesos a polígonos industriales para permitir la entrada y salida de trabajadores. La orden también prevé garantizar el movimiento de personas y mercancías en áreas comerciales y mercados centrales de abastecimiento, así como medidas de protección para el pequeño comercio y las grandes superficies.
El despliegue alcanza las cocheras de autobuses urbanos e interurbanos y de metro, donde se busca proteger a los trabajadores que cubran los servicios mínimos y a quienes no secunden el paro. En estaciones y vías ferroviarias se pretende evitar interrupciones y daños materiales. En las carreteras, las instrucciones contemplan impedir tanto las barricadas como los bloqueos mediante vehículos.
La Guardia Civil tiene además instrucciones para proteger infraestructuras críticas, incluidas las de energía y comunicaciones. Su Agrupación de Tráfico deberá mantener las vías despejadas y, si se produce un corte, asegurar al menos el paso de vehículos de emergencia y ambulancias. También se ha reforzado la vigilancia en aeropuertos, puertos y centrales nucleares.
Policía y Guardia Civil deben elaborar sus planes operativos y coordinarse con las policías autonómicas y locales, los servicios de emergencia y la seguridad privada. La Policía Nacional debe preparar una valoración de la amenaza a través de su Comisaría General de Información. La planificación tiene en cuenta el nivel 4 de alerta antiterrorista vigente en España y el Plan Nacional de Protección de las Infraestructuras Críticas.
Las incidencias se registran mediante la aplicación Gestor de Eventos, operativa desde las diez de la noche del martes hasta las ocho de la mañana del jueves. El Centro Permanente de Información y Coordinación recibe las novedades del dispositivo y, si afectan a infraestructuras críticas, también se informa al Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas. Las delegaciones del Gobierno organizan los dispositivos antidisturbios y los planes adaptados a cada territorio.
Entre los puntos de atención figuran Barcelona, su puerto, aeropuerto, accesos y nodos de transporte, así como Mercamadrid. En Madrid también se presta atención a los intercambiadores de autobús y a las estaciones de metro de Moncloa, Plaza de Castilla, Avenida de América y Plaza Elíptica.
Fuentes de la Policía y la Guardia Civil prevén un seguimiento reducido de la huelga y un foco de problemas entre quienes no la secunden y quieran ir a trabajar y grupos menores dispuestos a impedírselo. También contemplan la posible aparición de grupos extremistas y vigilan las redes ante convocatorias oportunistas de última hora. Fuentes policiales no prevén, no obstante, un rebrote de los disturbios asociados al fenómeno Blocus tras la detención de más de una veintena de agitadores.
El dispositivo se acompaña de los servicios mínimos de seguridad privada fijados en una resolución de Interior publicada el 4 de noviembre en el BOE. Establece un 90 % del personal de vigilancia en transportes públicos y centros de telecomunicaciones y un 80 % en instalaciones energéticas y nucleares, entidades financieras y sedes de medios de comunicación. La resolución justifica las medidas por la protección de los servicios esenciales y alude a los disturbios de orden público recientes en España y otros países europeos.