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Informe de Save the Children destaca la alarma sobre los abusos sexuales a menores y la lentitud de la justicia en España
Casi la mitad de los procesos judiciales por abusos a niños y adolescentes se alargan más de tres años, lo que agrava el sufrimiento de las víctimas.
Publicado: 25 de septiembre de 2025, 12:30
Un nuevo informe de Save the Children revela que casi la mitad de los procesos judiciales por abusos sexuales a menores se prolongan más de tres años, lo que causa una re-victimización continua. Este informe analiza 345 sentencias y muestra que el 82,9% de las víctimas son niñas y adolescentes, con una media de inicio de abusos a los 12 años. Además, el 40,9% de los casos judiciales se alargan más de tres años, obligando a las víctimas a repetir testimonios, lo que afecta su recuperación psicológica.
El 98% de los agresores son hombres, siendo muchos de ellos familiares o conocidos de las víctimas. A pesar de la posibilidad de grabar testimonios para protección, esta práctica solo se aplica en el 34,5% de los casos. Save the Children señala que de 9,185 denuncias registradas en 2023, solo el 15% refleja la realidad de los abusos, lo que indica la falta de informes en estos casos. La organización pide reformas en el sistema judicial, incluyendo fiscalías especializadas.
Catalina Perazzo, de Save the Children, resalta que la justicia no puede ser un ámbito de desprotección para los menores. El estudio muestra la necesidad urgente de un sistema que priorice la protección de los derechos infantiles y la implementación de métodos adecuados para responder a estos delitos. En este contexto, el Gobierno andaluz también ha tomado medidas en fomento del bienestar social, recientemente anunciando que en el Presupuesto 2026 incluirá medidas fiscales de apoyo para jóvenes menores de 35 años y mayores de 65, a quienes se les devolverá hasta 1.200 euros anuales por alquiler, como parte de una serie de políticas para mejorar las condiciones de vida de las personas vulnerables en la región.
El 98% de los agresores son hombres, siendo muchos de ellos familiares o conocidos de las víctimas. A pesar de la posibilidad de grabar testimonios para protección, esta práctica solo se aplica en el 34,5% de los casos. Save the Children señala que de 9,185 denuncias registradas en 2023, solo el 15% refleja la realidad de los abusos, lo que indica la falta de informes en estos casos. La organización pide reformas en el sistema judicial, incluyendo fiscalías especializadas.
Catalina Perazzo, de Save the Children, resalta que la justicia no puede ser un ámbito de desprotección para los menores. El estudio muestra la necesidad urgente de un sistema que priorice la protección de los derechos infantiles y la implementación de métodos adecuados para responder a estos delitos. En este contexto, el Gobierno andaluz también ha tomado medidas en fomento del bienestar social, recientemente anunciando que en el Presupuesto 2026 incluirá medidas fiscales de apoyo para jóvenes menores de 35 años y mayores de 65, a quienes se les devolverá hasta 1.200 euros anuales por alquiler, como parte de una serie de políticas para mejorar las condiciones de vida de las personas vulnerables en la región.