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Gustavo Petro convoca consulta popular sobre reforma laboral ante críticas por autoritarismo y riesgo para la democracia en Colombia
La decisión de Petro ha sido rechazada por el Senado y numerosos sectores políticos, que consideran el decreto inconstitucional y una violación de la separación de poderes.
Publicado: 12 de junio de 2025, 13:00
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha convocado por decreto una consulta popular para que los ciudadanos decidan sobre la reforma laboral que su Gobierno propuso, tras ser rechazada en el Senado. La consulta, programada para el 7 de agosto, ha provocado animadas críticas de la oposición, quienes ven la medida como un signo de autoritarismo y una infracción al estado de derecho. El decreto busca abrir un debate sobre temas laborales cruciales, pero su validez está en entredicho debido al rechazo senatorial.
Expertos en derecho han señalado la inconstitucionalidad del decreto, argumentando que contraviene las competencias legislativas. Críticas dentro del sector político aumentan, incluyendo las de figuras como el expresidente Iván Duque, quien defendió la independencia de poderes. Además, las acusaciones de intento de golpe de Estado por parte de Petro, junto con la logística del evento para asegurar la participación electoral, añaden un nivel de tensión al panorama político de Colombia.
Petro defiende su decreto como esencial para construir un Estado social de derecho, lo que ha generado un clima de polarización en la política colombiana mientras enfrenta una poderosa oposición que cuestiona la legitimidad de su iniciativa.
Expertos en derecho han señalado la inconstitucionalidad del decreto, argumentando que contraviene las competencias legislativas. Críticas dentro del sector político aumentan, incluyendo las de figuras como el expresidente Iván Duque, quien defendió la independencia de poderes. Además, las acusaciones de intento de golpe de Estado por parte de Petro, junto con la logística del evento para asegurar la participación electoral, añaden un nivel de tensión al panorama político de Colombia.
Petro defiende su decreto como esencial para construir un Estado social de derecho, lo que ha generado un clima de polarización en la política colombiana mientras enfrenta una poderosa oposición que cuestiona la legitimidad de su iniciativa.