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Grecia se paraliza nuevamente por la huelga contra la extensión de la jornada laboral a 13 horas diarias
El sector público se moviliza en Atenas, dejando sin transporte a la mayoría de la población y generando protestas contra el gobierno.
Publicado: 14 de octubre de 2025, 12:16
Grecia ha vuelto a quedar paralizada este martes debido a una huelga del sector público, especialmente en el ámbito del transporte, que representa la segunda gran movilización en las últimas dos semanas contra la extensión de la jornada laboral hasta un máximo de 13 horas diarias. Los empleados del transporte público han decidido sumarse al paro, lo que dejó a Atenas sin servicios de metro ni trenes de cercanías.
La huelga del 14 de octubre es un hito en la lucha por la dignidad y los derechos laborales, convocada por ADEDY, el principal sindicato del sector público. A pesar de que el sindicato del sector privado, GSEE, no participó, instó a los miembros a unirse a las manifestaciones. El proyecto de ley, que se someterá a votación, permitirá a los empleadores solicitar a sus trabajadores horarios de hasta 13 horas diarias, aunque el Gobierno asegura que se mantendrán los límites de trabajo semanales y anuales.
El Gobierno, encabezado por el primer ministro Kyriakos Mitsotakis, defiende el proyecto como una modernización necesaria, pero ha sido criticado por los sindicatos y la oposición de izquierdas, quienes acusan al Ejecutivo de retroceder los derechos laborales en el país.
La huelga del 14 de octubre es un hito en la lucha por la dignidad y los derechos laborales, convocada por ADEDY, el principal sindicato del sector público. A pesar de que el sindicato del sector privado, GSEE, no participó, instó a los miembros a unirse a las manifestaciones. El proyecto de ley, que se someterá a votación, permitirá a los empleadores solicitar a sus trabajadores horarios de hasta 13 horas diarias, aunque el Gobierno asegura que se mantendrán los límites de trabajo semanales y anuales.
El Gobierno, encabezado por el primer ministro Kyriakos Mitsotakis, defiende el proyecto como una modernización necesaria, pero ha sido criticado por los sindicatos y la oposición de izquierdas, quienes acusan al Ejecutivo de retroceder los derechos laborales en el país.