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Grecia implementará políticas severas de deportación de inmigrantes irregulares procedentes de África, impidiendo sus solicitudes de asilo
El gobierno griego está decidido a controlar la llegada de inmigrantes irregulares ante el aumento de sus desembarcos, creando medidas drásticas que implican la detención y repatriación casi inmediata.
Publicado: 10 de julio de 2025, 19:53
En medio de un creciente número de llegadas de inmigrantes irregulares, el Parlamento griego se prepara para votar una enmienda de ley que prohibirá a los inmigrantes que ingresan ilegalmente al país desde el norte de África presentar solicitudes de asilo. El gobierno griego, liderado por el partido conservador Nueva Democracia, ha expresado su intención de implementar políticas que impidan que estas personas soliciten protección, justificándolo como una medida para controlar la 'invasión' de inmigrantes.
El ministro de Migración, Thanos Plevris, ha anunciado que aquellos que entren irregularmente al país serán arrestados y devueltos sin ser registrados, lo que contradice los derechos establecidos por la Unión Europea. Se contempla la creación de 'centros de detención especiales' y los solicitantes de asilo denegados podrían enfrentarse a hasta cinco años de prisión si no abandonan el país voluntariamente. Estas medidas han sido objeto de críticas de organizaciones de derechos humanos, que alertan sobre las violaciones a las normativas internacionales de protección a migrantes.
Asimismo, el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, ha afirmado que estas políticas envían un mensaje claro sobre el cierre del flujo migratorio hacia Grecia, lo que ha intensificado el debate sobre el trato a los inmigrantes, mientras defensores de derechos humanos piden a Grecia reconsiderar tales medidas drásticas.
El ministro de Migración, Thanos Plevris, ha anunciado que aquellos que entren irregularmente al país serán arrestados y devueltos sin ser registrados, lo que contradice los derechos establecidos por la Unión Europea. Se contempla la creación de 'centros de detención especiales' y los solicitantes de asilo denegados podrían enfrentarse a hasta cinco años de prisión si no abandonan el país voluntariamente. Estas medidas han sido objeto de críticas de organizaciones de derechos humanos, que alertan sobre las violaciones a las normativas internacionales de protección a migrantes.
Asimismo, el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, ha afirmado que estas políticas envían un mensaje claro sobre el cierre del flujo migratorio hacia Grecia, lo que ha intensificado el debate sobre el trato a los inmigrantes, mientras defensores de derechos humanos piden a Grecia reconsiderar tales medidas drásticas.