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Gobierno y sindicatos luchan contra el abuso inmobiliario en el alquiler de viviendas en España
Investigaciones y denuncias destacan prácticas engañosas en anuncios de alquiler que infringen la normativa vigente
Publicado: 18 de enero de 2026, 02:54
En un contexto de creciente preocupación por la crisis de vivienda en España, el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo ha iniciado una investigación sobre los anuncios de alquiler que ofrecen precios por encima de lo permitido en zonas denominadas como 'tensionadas'. Esta acción se produce tras la denuncia de varias infracciones potenciales que podrían considerarse 'prácticas desleales por engañosas'. El titular del ministerio, Pablo Bustinduy, enfatizó que las sanciones para los infractores podrían ser de '4 a 6 veces el beneficio ilícito obtenido'.
La Unión General de Trabajadores (UGT) también ha elevado preocupaciones sobre el abuso inmobiliario, presentando denuncias contra plataformas como Idealista y Fotocasa, acusándolas de facilitar anuncios que no cumplen con los requisitos legales. Las denuncias se centran en el uso de anuncios que promueven infraestructuras que son, de hecho, infraviviendas, incluyendo casos alarmantes de localizaciones sin cédula de habitabilidad.
Ambas acciones, la investigación del Gobierno y las denuncias de UGT, resaltan la necesidad de mantener una vigilancia adecuada sobre el mercado inmobiliario. Bustinduy ha argumentado a favor de la prórroga de contratos como una solución para ayudar a los inquilinos a mantener su hogar ante el aumento de precios. Mientras que el Gobierno busca regular el alquiler, los sindicatos demandan medidas sostenidas, reflejando una urgencia por respuestas institucionales ante la crisis del alquiler en España.
La Unión General de Trabajadores (UGT) también ha elevado preocupaciones sobre el abuso inmobiliario, presentando denuncias contra plataformas como Idealista y Fotocasa, acusándolas de facilitar anuncios que no cumplen con los requisitos legales. Las denuncias se centran en el uso de anuncios que promueven infraestructuras que son, de hecho, infraviviendas, incluyendo casos alarmantes de localizaciones sin cédula de habitabilidad.
Ambas acciones, la investigación del Gobierno y las denuncias de UGT, resaltan la necesidad de mantener una vigilancia adecuada sobre el mercado inmobiliario. Bustinduy ha argumentado a favor de la prórroga de contratos como una solución para ayudar a los inquilinos a mantener su hogar ante el aumento de precios. Mientras que el Gobierno busca regular el alquiler, los sindicatos demandan medidas sostenidas, reflejando una urgencia por respuestas institucionales ante la crisis del alquiler en España.