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Gobierno y sindicatos discuten aumento salarial de funcionarios ante creciente descontento por la pérdida de poder adquisitivo
El Ejecutivo propone un incremento del 11% acumulado hasta 2028, mientras los sindicatos advierten que es insuficiente frente a un déficit del 24% en salarios.
Publicado: 26 de noviembre de 2025, 07:52
En España, las negociaciones entre el Gobierno y los sindicatos para determinar la subida salarial de los funcionarios cobran especial relevancia en un contexto donde más de tres millones de empleados públicos esperan la definición de sus remuneraciones de aquí a 2028. El Gobierno y los sindicatos volverán a reunirse este miércoles en busca de un pacto que se centra en un aumento salarial del 11% para los próximos cuatro años, siendo el incremento del 2,5% propuesto para 2025 uno de los puntos críticos. La oferta incluye un 1,5% en 2026, 4% en 2027 y 3% en 2028.
Sin embargo, esta oferta ha sido recibida con descontento por parte de los sindicatos, quienes resaltan que la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores públicos ha alcanzado un alarmante 24% acumulado en los últimos años. Lorenzo Alberca, miembro del secretariado de STES-I, calificó la propuesta del Gobierno como un "parche" que no aborda la crítica situación económica de los funcionarios, ya que el último aumento del 11% en realidad no compensa las pérdidas acumuladas por la falta de ajustes en salarios anteriores.
El principal obstáculo en las negociaciones es el tope del 4% de subida para 2025 y 2026, lo cual ha causado tensiones entre los sindicatos y el Gobierno. CCOO ha manifestado su rechazo al tope, a pesar de continuar con las negociaciones "por responsabilidad". Mientras se aproxima la reunión decisiva, hay un creciente temor a que la falta de un acuerdo podría desencadenar movilizaciones o huelgas por parte de los sindicatos, quienes han estado en constante diálogo con el Gobierno. El resultado de las negociaciones no solo afectará a los funcionarios, sino que también tendrá repercusiones en la política salarial de todo el sector público, que incluye comunidades autónomas, ayuntamientos y empresas estatales.
Sin embargo, esta oferta ha sido recibida con descontento por parte de los sindicatos, quienes resaltan que la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores públicos ha alcanzado un alarmante 24% acumulado en los últimos años. Lorenzo Alberca, miembro del secretariado de STES-I, calificó la propuesta del Gobierno como un "parche" que no aborda la crítica situación económica de los funcionarios, ya que el último aumento del 11% en realidad no compensa las pérdidas acumuladas por la falta de ajustes en salarios anteriores.
El principal obstáculo en las negociaciones es el tope del 4% de subida para 2025 y 2026, lo cual ha causado tensiones entre los sindicatos y el Gobierno. CCOO ha manifestado su rechazo al tope, a pesar de continuar con las negociaciones "por responsabilidad". Mientras se aproxima la reunión decisiva, hay un creciente temor a que la falta de un acuerdo podría desencadenar movilizaciones o huelgas por parte de los sindicatos, quienes han estado en constante diálogo con el Gobierno. El resultado de las negociaciones no solo afectará a los funcionarios, sino que también tendrá repercusiones en la política salarial de todo el sector público, que incluye comunidades autónomas, ayuntamientos y empresas estatales.