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Gobierno y comunidades del PP discuten plan de vivienda 2026-2030 mientras persisten las críticas sobre falta de diálogo
A pesar del rechazo inicial, se anuncia una nueva reunión para buscar consensos en el Plan Estatal de Vivienda.
Publicado: 3 de octubre de 2025, 07:02
El reciente desacuerdo entre el Gobierno y las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular (PP) en torno al Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 ha generado preocupación sobre el futuro de las políticas de vivienda en España. En una Conferencia Sectorial celebrada el 2 de octubre de 2025, las autonomías manifestaron un sonoro rechazo a la propuesta gubernamental, aduciendo falta de participación y diálogo en su confección.
El consejero de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, criticó la "unilateralidad" del Gobierno en el diseño del plan, que contempla una inversión de 7.000 millones de euros, e insistió en la necesidad de un diálogo efectivo. A pesar de las tensiones, el Ministerio de Vivienda mostró optimismo tras la reunión, sugiriendo que se había constatado la posibilidad de llegar a un acuerdo, aunque los consejeros del PP reclamaron ajustes significativos al plan.
Las tensiones han resaltado la urgencia de colaboración en la formulación de políticas habitacionales efectivas, con advertencias sobre las implicaciones de rechazar el plan, que significaría perder fondos cruciales para abordar la crisis de vivienda en el país.
El consejero de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, criticó la "unilateralidad" del Gobierno en el diseño del plan, que contempla una inversión de 7.000 millones de euros, e insistió en la necesidad de un diálogo efectivo. A pesar de las tensiones, el Ministerio de Vivienda mostró optimismo tras la reunión, sugiriendo que se había constatado la posibilidad de llegar a un acuerdo, aunque los consejeros del PP reclamaron ajustes significativos al plan.
Las tensiones han resaltado la urgencia de colaboración en la formulación de políticas habitacionales efectivas, con advertencias sobre las implicaciones de rechazar el plan, que significaría perder fondos cruciales para abordar la crisis de vivienda en el país.