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Foment y Pimec reclaman cambios fiscales y laborales ante el 29‑N
Las patronales coinciden en ajustar el IRPF y abordar el absentismo, y presentan propuestas sobre vivienda e infraestructuras; Pimec señala también el coste de la energía.
Publicado: 7 de noviembre de 2026, 07:47
Foment del Treball y Pimec han presentado sus propuestas a los partidos para las elecciones generales del 29 de noviembre y para el futuro Gobierno español. Ambas patronales catalanas coinciden en reclamar una actualización del IRPF y una respuesta al absentismo laboral, además de plantear medidas sobre vivienda e infraestructuras.
Foment, presidida por Josep Sánchez Llibre, presentó el viernes en Barcelona 729 propuestas, agrupadas principalmente en fiscalidad, infraestructuras, vivienda y trabajo. Pimec expuso en Madrid un conjunto de medidas con diez prioridades, entre ellas la fiscalidad, el empleo y la representación de las pequeñas y medianas empresas.
En materia tributaria, ambas organizaciones piden ajustar los tramos del IRPF para que las subidas salariales destinadas a compensar la inflación no supongan una mayor carga fiscal real. Foment propone establecer por ley un mecanismo automático que actualice cada año los tramos estatales y los mínimos personales y familiares según la revalorización de las pensiones contributivas. La patronal señala que los precios aumentaron alrededor de un 32,6 % entre finales de 2015 y septiembre de 2026.
Pimec reclama una deflactación anual a partir de 2027 y un calendario para recuperar progresivamente el poder adquisitivo perdido, de modo que en 2031 la tarifa y los mínimos recuperen el valor real que tenían en 2021. Según su informe, la tarifa estatal no se actualiza desde 2021 y el mínimo personal permanece igual desde 2015, mientras que los precios acumularon una subida del 26 % entre 2021 y 2026. La patronal señala que ha habido rebajas para las rentas más bajas, pero no una actualización de los tramos medios, y que el Gobierno ha comunicado a la Comisión Europea que mantener el IRPF sin actualizar le aportará más de 2.200 millones de euros anuales hasta 2028.
A partir de un análisis de nóminas reales entre 2020 y 2026, Pimec calcula que, por cada 100 euros adicionales de coste laboral, el trabajador recibe entre 48 y 56 euros y el resto se destina al IRPF y las cotizaciones. Un estudio de la patronal sobre los sectores de limpieza, hostelería y metal en el mismo periodo arrojó un resultado similar. Pimec también señala el coste de la vivienda y el aumento de la factura energética como factores que erosionan el salario real.
Foment reitera su petición de suprimir los impuestos sobre el patrimonio y de solidaridad de las grandes fortunas, y de reducir a largo plazo la carga de sucesiones y donaciones hasta un límite del 5 %. También plantea recuperar la capacidad de aportación a los planes de pensiones individuales, aplicar un IVA del 4 % a todos los servicios acreditados de dependencia y realizar revisiones plurianuales del gasto público y de los beneficios fiscales. Su vicepresidenta, Mar Alarcón, defendió una revisión rigurosa del gasto.
Por su parte, Pimec pide una reforma fiscal centrada en las pequeñas y medianas empresas y menos burocracia para ellas. Su presidente, Antoni Cañete, sostiene que no pueden tener las mismas obligaciones que las grandes empresas.
En el ámbito laboral, Foment propone recuperar el despido objetivo por faltas de asistencia, derogado en 2020, excluyendo los casos de discapacidad. La figura permitía el despido por determinadas faltas de asistencia, incluidas bajas por contingencias comunes, además de ausencias injustificadas. También pide que las mutuas colaboradoras puedan expedir altas médicas en todos los supuestos y reforzar su papel en la gestión sanitaria, la rehabilitación y el seguimiento de las bajas.
La patronal plantea además suprimir la obligación empresarial de pagar la prestación entre los días 4 y 15 y exonerar a las empresas de cotizar durante las incapacidades temporales por contingencias comunes. Asimismo, reclama una ley orgánica que regule el ejercicio del derecho de huelga, sus límites y garantías conforme a la Constitución.
Pimec aboga por un pacto de Estado sobre el absentismo, que considera uno de los principales problemas, y pide acabar con una situación que, a su juicio, genera un incremento de las bajas laborales. También plantea que las bajas iniciales y las de larga duración puedan llegar a compensarse al 100 %, de forma progresiva en el tiempo.
Sobre vivienda, Foment propone un pacto de Estado que incluya a los ayuntamientos y al sector privado, con objetivos y recursos plurianuales que den continuidad a las políticas más allá de los ciclos políticos. Pide que abarque la vivienda libre, asequible, protegida y social, tanto en compra como en alquiler, y la rehabilitación del parque existente. También solicita revisar las condiciones de la reserva del 30 % de vivienda protegida en Barcelona.
En infraestructuras, Foment reclama una planificación plurianual, proyectos maduros y capacidad técnica de ejecución. Propone un consorcio de inversiones entre el Estado y la Generalitat y una aportación conjunta adicional mínima de 1.500 millones de euros anuales, complementaria a los compromisos ordinarios, para reducir el retraso inversor en Cataluña. Pide concretar el calendario y la tramitación de la ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat y completar los accesos ferroviarios y viarios y las conexiones a terminales de los puertos de Barcelona y Tarragona. También reclama prolongar la vida de las centrales nucleares y plantea medidas para agilizar la Administración y aplicar la inteligencia artificial y la robótica a la productividad.
Entre las prioridades de Pimec figura la representación de las pymes. La patronal tiene pendiente formalizar la entrada de uno de sus miembros en el Consejo Económico y Social. El lunes tiene previsto celebrar un debate con los candidatos por Barcelona para conocer las posiciones de las formaciones sobre cuestiones económicas, fiscales y laborales. Ferran Bel, representante de Pimec en Madrid, expresó cautela ante las promesas sobre la deflactación del IRPF y señaló que habrá que esperar a su publicación en el BOE.
Las propuestas se han presentado unos días antes de la huelga general del 11 de noviembre. Foment y Pimec se han mostrado críticas con la convocatoria, aunque aseguran que no adoptarán medidas legales para impugnarla. Ambas expresaron su sorpresa por los servicios mínimos establecidos, especialmente por la garantía del 25 % en el transporte público.
Foment, presidida por Josep Sánchez Llibre, presentó el viernes en Barcelona 729 propuestas, agrupadas principalmente en fiscalidad, infraestructuras, vivienda y trabajo. Pimec expuso en Madrid un conjunto de medidas con diez prioridades, entre ellas la fiscalidad, el empleo y la representación de las pequeñas y medianas empresas.
En materia tributaria, ambas organizaciones piden ajustar los tramos del IRPF para que las subidas salariales destinadas a compensar la inflación no supongan una mayor carga fiscal real. Foment propone establecer por ley un mecanismo automático que actualice cada año los tramos estatales y los mínimos personales y familiares según la revalorización de las pensiones contributivas. La patronal señala que los precios aumentaron alrededor de un 32,6 % entre finales de 2015 y septiembre de 2026.
Pimec reclama una deflactación anual a partir de 2027 y un calendario para recuperar progresivamente el poder adquisitivo perdido, de modo que en 2031 la tarifa y los mínimos recuperen el valor real que tenían en 2021. Según su informe, la tarifa estatal no se actualiza desde 2021 y el mínimo personal permanece igual desde 2015, mientras que los precios acumularon una subida del 26 % entre 2021 y 2026. La patronal señala que ha habido rebajas para las rentas más bajas, pero no una actualización de los tramos medios, y que el Gobierno ha comunicado a la Comisión Europea que mantener el IRPF sin actualizar le aportará más de 2.200 millones de euros anuales hasta 2028.
A partir de un análisis de nóminas reales entre 2020 y 2026, Pimec calcula que, por cada 100 euros adicionales de coste laboral, el trabajador recibe entre 48 y 56 euros y el resto se destina al IRPF y las cotizaciones. Un estudio de la patronal sobre los sectores de limpieza, hostelería y metal en el mismo periodo arrojó un resultado similar. Pimec también señala el coste de la vivienda y el aumento de la factura energética como factores que erosionan el salario real.
Foment reitera su petición de suprimir los impuestos sobre el patrimonio y de solidaridad de las grandes fortunas, y de reducir a largo plazo la carga de sucesiones y donaciones hasta un límite del 5 %. También plantea recuperar la capacidad de aportación a los planes de pensiones individuales, aplicar un IVA del 4 % a todos los servicios acreditados de dependencia y realizar revisiones plurianuales del gasto público y de los beneficios fiscales. Su vicepresidenta, Mar Alarcón, defendió una revisión rigurosa del gasto.
Por su parte, Pimec pide una reforma fiscal centrada en las pequeñas y medianas empresas y menos burocracia para ellas. Su presidente, Antoni Cañete, sostiene que no pueden tener las mismas obligaciones que las grandes empresas.
En el ámbito laboral, Foment propone recuperar el despido objetivo por faltas de asistencia, derogado en 2020, excluyendo los casos de discapacidad. La figura permitía el despido por determinadas faltas de asistencia, incluidas bajas por contingencias comunes, además de ausencias injustificadas. También pide que las mutuas colaboradoras puedan expedir altas médicas en todos los supuestos y reforzar su papel en la gestión sanitaria, la rehabilitación y el seguimiento de las bajas.
La patronal plantea además suprimir la obligación empresarial de pagar la prestación entre los días 4 y 15 y exonerar a las empresas de cotizar durante las incapacidades temporales por contingencias comunes. Asimismo, reclama una ley orgánica que regule el ejercicio del derecho de huelga, sus límites y garantías conforme a la Constitución.
Pimec aboga por un pacto de Estado sobre el absentismo, que considera uno de los principales problemas, y pide acabar con una situación que, a su juicio, genera un incremento de las bajas laborales. También plantea que las bajas iniciales y las de larga duración puedan llegar a compensarse al 100 %, de forma progresiva en el tiempo.
Sobre vivienda, Foment propone un pacto de Estado que incluya a los ayuntamientos y al sector privado, con objetivos y recursos plurianuales que den continuidad a las políticas más allá de los ciclos políticos. Pide que abarque la vivienda libre, asequible, protegida y social, tanto en compra como en alquiler, y la rehabilitación del parque existente. También solicita revisar las condiciones de la reserva del 30 % de vivienda protegida en Barcelona.
En infraestructuras, Foment reclama una planificación plurianual, proyectos maduros y capacidad técnica de ejecución. Propone un consorcio de inversiones entre el Estado y la Generalitat y una aportación conjunta adicional mínima de 1.500 millones de euros anuales, complementaria a los compromisos ordinarios, para reducir el retraso inversor en Cataluña. Pide concretar el calendario y la tramitación de la ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat y completar los accesos ferroviarios y viarios y las conexiones a terminales de los puertos de Barcelona y Tarragona. También reclama prolongar la vida de las centrales nucleares y plantea medidas para agilizar la Administración y aplicar la inteligencia artificial y la robótica a la productividad.
Entre las prioridades de Pimec figura la representación de las pymes. La patronal tiene pendiente formalizar la entrada de uno de sus miembros en el Consejo Económico y Social. El lunes tiene previsto celebrar un debate con los candidatos por Barcelona para conocer las posiciones de las formaciones sobre cuestiones económicas, fiscales y laborales. Ferran Bel, representante de Pimec en Madrid, expresó cautela ante las promesas sobre la deflactación del IRPF y señaló que habrá que esperar a su publicación en el BOE.
Las propuestas se han presentado unos días antes de la huelga general del 11 de noviembre. Foment y Pimec se han mostrado críticas con la convocatoria, aunque aseguran que no adoptarán medidas legales para impugnarla. Ambas expresaron su sorpresa por los servicios mínimos establecidos, especialmente por la garantía del 25 % en el transporte público.