Feijóo presenta el programa del PP para las elecciones del 29N

Alberto Núñez Feijóo ha presentado este martes en Madrid el programa electoral del PP para las elecciones del 29 de noviembre. Titulado «Reconstrucción Nacional», el documento se articula en 249 medidas y cuatro pilares: reparar el Estado, regenerar la democracia, reunir a la nación y recuperar la ambición y la autoestima de España. Ocho propuestas permanecen sin revelar para anunciarlas durante la campaña.

El líder popular pidió a los ciudadanos que evalúen el cumplimiento del programa dentro de cuatro años si llega a la Presidencia. También aseguró que no utilizará la herencia recibida como excusa para incumplir sus compromisos y que convocará elecciones si pierde la confianza del Congreso.

Al acto acudieron cerca de 400 personas, entre dirigentes políticos y representantes de entidades educativas, asociaciones de personas con discapacidad, organizaciones empresariales y sindicatos. Estuvo presente USO, mientras que CCOO y UGT no asistieron, en la víspera de la huelga general. Durante la presentación se recordó al economista Pablo Vázquez, fallecido presidente de Reformismo XXI y artífice de las bases iniciales del texto, y las aportaciones de la exministra Fátima Báñez a la coordinadora del programa, Alma Ezcurra.

El PP promete una auditoría en los primeros cien días de todo el gasto estatal, incluidos organismos, empresas públicas, contratos, ayudas y subvenciones. Sus conclusiones servirían para elaborar los primeros presupuestos. Feijóo plantea presentar los presupuestos de 2027 en primavera y, después, los de 2028, y que dos prórrogas presupuestarias consecutivas obliguen a disolver las Cortes y convocar elecciones. También propone que el debate sobre el estado de la nación sea obligatorio cada año.

El programa prevé reducir ministerios, altos cargos y asesores, fusionar organismos duplicados y vender participaciones empresariales públicas no estratégicas. Incluye la derogación de tres normas obsoletas o redundantes por cada nueva ley y la reducción de las cargas administrativas antes de 2029 en un 25% general y un 35% para las pymes.

En el ámbito institucional, plantea que los jueces elijan directamente a los vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial y que se exijan mayorías cualificadas y perfiles técnicos para presidir organismos reguladores e instituciones constitucionales. Limitaría el uso de vías parlamentarias excepcionales como los reales decretos y reformaría RTVE y EFE para garantizar una dirección profesional e independiente.

Para el Tribunal Constitucional, el PP propone impedir que sean candidatos quienes hayan ocupado cargos políticos en los cinco años anteriores y que un magistrado decida sobre una norma que impulsó desde el Gobierno. El fiscal general tendría un mandato único de cinco años, no dependería del Ejecutivo ni cesaría con el Gobierno que lo propuso. Su nombramiento requeriría un informe vinculante del CGPJ y cesaría automáticamente si fuera procesado.

El partido plantea derogar la ley de amnistía y recuperar los delitos de sedición y convocatoria de referéndum ilegal. Una nueva ley del indulto impediría concederlo a condenados por corrupción, terrorismo, delitos contra la integridad territorial o el orden constitucional y delitos graves contra menores. El programa también propone derogar la Ley de memoria democrática y sustituirla por una ley de concordia que mantenga la investigación y la identificación de desaparecidos.

En materia lingüística, el PP propone reformar el reglamento del Congreso para que el castellano sea la lengua de los debates, eliminando la posibilidad de usar catalán, euskera y gallego; en el Senado se mantendría su uso. El castellano sería también la lengua de trabajo en los órganos de máximo nivel de cooperación entre el Gobierno y las comunidades. El programa promete garantizar la enseñanza en castellano en todas las etapas, en cumplimiento de las sentencias judiciales, y una prueba de acceso a la universidad común, acordada con autonomías y universidades.

Feijóo prevé convocar al inicio de la legislatura la Conferencia de Presidentes para abordar un nuevo modelo de financiación autonómica. El programa rechaza que una comunidad salga del régimen común o que se negocien nuevos regímenes singulares bilateralmente al margen de él. Propone un fondo de nivelación transitorio con recursos estatales, preservar la unidad de la Agencia Tributaria y blindar legalmente la caja única de la Seguridad Social. Los acuerdos de investidura y legislatura se publicarían íntegramente, sin anexos reservados.

La revisión de la presencia de la Administración estatal abarcaría oficinas, plantillas e instalaciones en cada autonomía, provincia, isla y ciudad autónoma durante los primeros seis meses, con especial atención al País Vasco, Navarra y Cataluña. El PP anuncia además una solución para la crisis de Ceuta en el primer Consejo de Ministros y reclamará a la UE para Ceuta y Melilla el mismo trato que dio en 2025 a sus regiones fronterizas con Rusia.

En inmigración, el partido promete identificar en un máximo de siete días a quienes crucen ilegalmente la frontera y realizar devoluciones sin demora mediante el nuevo mecanismo europeo. También prevé cupos anuales de trabajadores por sectores, ajustados al paro, los puestos sin cubrir y la capacidad del país en vivienda, servicios públicos y empleo.

El programa incluye la prohibición del burka y el niqab en espacios públicos, que el PP justifica por la igualdad entre mujeres y hombres. Quienes soliciten la renovación de su residencia temporal en el régimen general deberán firmar y acreditar un compromiso de integración, que incluiría aprender español, conocer la Constitución y los valores de la UE y, cuando corresponda, formarse para el empleo. El partido ya había presentado en febrero proposiciones de ley sobre el uso de esas prendas en el Congreso y el Senado.

La nueva Ley de Nacionalidad exigiría residencia legal y continuada, conocimiento del español y de los valores constitucionales, buena conducta cívica y estar al corriente con Hacienda y la Seguridad Social, con trato preferente para los países de la Hispanidad. El PP propone además prohibir las regularizaciones extraordinarias generalizadas, endurecer los requisitos de arraigo e integración y retirar la nacionalidad adquirida ante condenas firmes por delitos graves contra el orden o la seguridad nacional. Para determinadas ayudas y recursos públicos, plantea priorizar a quienes tengan un arraigo real, duradero y verificable con España.

El PP quiere reunir el ingreso mínimo vital y los subsidios en una Renta de Activación vinculada a la búsqueda de empleo para quienes puedan trabajar. Los beneficiarios firmarían acuerdos de formación y búsqueda activa, y las ayudas se retirarían gradualmente ante el rechazo reiterado y sin justificación de trabajos adecuados. La sindicalista Afra Blanco criticó el planteamiento y sostuvo que algunas condiciones y penalizaciones de las prestaciones ya existen, por lo que cuestionó la novedad de la propuesta.

En vivienda, el programa plantea impulsar un millón de nuevas viviendas, derogar la Ley de Vivienda para eliminar las zonas tensionadas y el índice de precios, y aprobar una nueva Ley del Suelo. Las licencias de obra nueva y rehabilitación se resolverían en tres meses con silencio positivo. También se permitiría construir vivienda social en suelo dotacional y cambiar el uso de oficinas y locales para destinarlos a vivienda asequible.

El PP propone reducir del 10% al 4% el IVA de la compra de la primera vivienda para menores de 40 años y crear la Hucha Hogar Joven, con hasta 2.000 euros de ahorro anual para ese fin, una deducción del 20% y un aval de hasta 40.000 euros. Para los jóvenes de 18 a 35 años plantea que no paguen IRPF el primer año y que abonen el 25%, el 50% y el 75% en los tres siguientes. También actualizaría los mínimos familiares con la inflación y establecería una deducción familiar única, reembolsable y de abono mensual.

El programa promete subir las pensiones cada año con el IPC, reconstruir el Pacto de Toledo e incorporar al menos 4.500 médicos a Atención Primaria. Incluye que el concebido no nacido compute para conceder ayudas familiares y una ley nacional de cuidados paliativos.

En infraestructuras, el PP plantea movilizar 300.000 millones de euros en 15 años junto al sector privado para autovías, alta velocidad, Cercanías e instalaciones hidráulicas y energéticas. Promete mejorar la fiabilidad de Cercanías y Rodalies, acelerar los tramos pendientes del corredor mediterráneo y paralizar el calendario de cierre de las centrales nucleares.

En seguridad y justicia, propone juicios rápidos y tramitación conjunta de delitos leves frente a la multirreincidencia, prisión permanente revisable para depredadores sexuales y para quien esconda un cadáver, y reconocer como profesión de riesgo la de los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional.