Familias de víctimas de los 'protocolos de la vergüenza' exigen justicia mientras ex altos cargos de Madrid testifican en juicio

Este martes, una veintena de familiares de las víctimas de las residencias públicas de mayores en la Comunidad de Madrid se concentraron frente al Juzgado de Instrucción número 23 en Plaza de Castilla, demandando justicia en el caso de los 'protocolos de la vergüenza'. Esta protesta se produce en el marco de la declaración de tres ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, quienes están siendo juzgados por su gestión durante la pandemia del coronavirus. Las víctimas de estos protocolos -que supuestamente prohibían la derivación de residentes a hospitales- llevaron pancartas denunciando que “7.291 residentes murieron abandonados sin asistencia sanitaria”. En el juicio, Francisco Javier Martínez Peromingo, otra de las figuras clave en este caso, reconoció que los mencionados protocolos eran discriminatorios y apuntó a Carlos Mur, el director general de Coordinación Sociosanitaria durante la crisis, como responsable. Mur y Pablo Busca Ostalaza, quien dirigía el Servicio de Urgencia Médica (Summa112), no se presentaron a la citación, lo que ha llevado a las acusaciones a considerar solicitar su captura.

Durante la manifestación, familiares expresaron su dolor y su indignación, gritando 'Ayuso dimisión, Ayuso a prisión' y acusando a los altos cargos de ser culpables de la muerte de sus seres queridos. Yolanda Sanz, familiar de una víctima, increpó a Martínez Peromingo al finalizar su declaración, acusándolo directamente de dejar morir a su madre. A pesar de la defensa de Peromingo de que había advertido sobre la naturaleza perjudicial de los protocolos, el daño ya estaba hecho, con miles de vidas perdidas por decisiones cuestionables. La relevancia de estos juicios y protestas es considerable, ya que destapan problemas fundamentales sobre la gestión de la salud pública en situaciones de crisis y las implicaciones legales y morales que conllevan.