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Expertos y víctimas del accidente de Adamuz exigen responsabilidad y mejoras en el ferrocarril
César Franco y Mario Samper critican el estado actual del sistema ferroviario tras el siniestro de enero.
Publicado: 5 de noviembre de 2026, 07:41
Tras el trágico accidente ferroviario de Adamuz ocurrido el 18 de enero de 2026, en el que perdieron la vida 69 personas y cientos resultaron heridas, el debate sobre la seguridad y el mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias sigue siendo un tema candente en España. Recientemente, César Franco, expresidente del Consejo General del Colegio de Ingenieros Industriales, ha advertido que el sistema ferroviario español se encuentra "estresado" y ha instado a replantearse el modelo de alta velocidad en el país. Su advertencia surge tras la detección de al menos tres deformaciones en la vía del tramo de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, que son similares a las que precedieron al fatídico descarrilamiento en Adamuz.
Franco ha detallado que de las tres deformaciones, dos se catalogan con un "nivel de intervención", lo que implica un riesgo significativo que debe ser evaluado y tratado, mientras que la tercera se clasifica con "nivel de alerta", requiriendo un seguimiento. Dichas deformaciones han llevado a la necesidad de aplicar medidas como la reducción de velocidad en tramos específicos, algo que ya se implementó tras el accidente.
El ingeniero recalca la importancia de una correcta alineación de las vías y sugiere que las deformaciones podrían indicar un problema más estructural relacionado con el proceso de renovación de la infraestructura. Según su opinión, la respuesta a estos problemas exige un análisis más exhaustivo y una posible auditoría de los procedimientos de mantenimiento aplicados.
En paralelo, la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz ha expresado su frustración por la dimisión tardía del ministro de Transportes, Óscar Puente, argumentando que la renuncia se produce tras el incremento de muertes y heridos desde el accidente. Mario Samper, presidente de la asociación, ha solicitado que las responsabilidades no se limiten a Puente, sino que también recaigan sobre directivos de otros organismos implicados en el funcionamiento ferroviario, como Adif y la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria. Samper califica a estos organismos de "totalmente ineficaces e ineptos" y exige su destitución, argumentando que los errores en la gestión han contribuido a la crisis de seguridad.
Además, los peritos judiciales que investigan el accidente han solicitado más información a Adif sobre los trabajos previos y posteriores a la renovación de las vías en relación con las deformaciones encontradas. Los investigadores han observado que las deformaciones actuales presentan similitudes con las detectadas antes de la tragedia, lo que ha generado preocupación sobre la efectividad de las reparaciones realizadas. En este sentido, han requerido documentación sobre las inspecciones y los controles de calidad efectuados, insistiendo en la necesidad de transparencia en el proceso de renovación de la línea ferroviaria.
La simultaneidad de las críticas a la seguridad de la red ferroviaria y las demandas de los familiares de las víctimas pone de manifiesto la urgencia de abordar los problemas inherentes al sistema, que, según Franco, "debe parar y reflexionar" sobre cómo se están llevando a cabo las operaciones de alta velocidad en el país. Este panorama sugiere que el camino hacia la mejora de la seguridad ferroviaria en España requerirá un esfuerzo conjunto entre las administraciones, los técnicos y la sociedad civil para evitar que tragedias similares se repitan en el futuro.
Franco ha detallado que de las tres deformaciones, dos se catalogan con un "nivel de intervención", lo que implica un riesgo significativo que debe ser evaluado y tratado, mientras que la tercera se clasifica con "nivel de alerta", requiriendo un seguimiento. Dichas deformaciones han llevado a la necesidad de aplicar medidas como la reducción de velocidad en tramos específicos, algo que ya se implementó tras el accidente.
El ingeniero recalca la importancia de una correcta alineación de las vías y sugiere que las deformaciones podrían indicar un problema más estructural relacionado con el proceso de renovación de la infraestructura. Según su opinión, la respuesta a estos problemas exige un análisis más exhaustivo y una posible auditoría de los procedimientos de mantenimiento aplicados.
En paralelo, la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz ha expresado su frustración por la dimisión tardía del ministro de Transportes, Óscar Puente, argumentando que la renuncia se produce tras el incremento de muertes y heridos desde el accidente. Mario Samper, presidente de la asociación, ha solicitado que las responsabilidades no se limiten a Puente, sino que también recaigan sobre directivos de otros organismos implicados en el funcionamiento ferroviario, como Adif y la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria. Samper califica a estos organismos de "totalmente ineficaces e ineptos" y exige su destitución, argumentando que los errores en la gestión han contribuido a la crisis de seguridad.
Además, los peritos judiciales que investigan el accidente han solicitado más información a Adif sobre los trabajos previos y posteriores a la renovación de las vías en relación con las deformaciones encontradas. Los investigadores han observado que las deformaciones actuales presentan similitudes con las detectadas antes de la tragedia, lo que ha generado preocupación sobre la efectividad de las reparaciones realizadas. En este sentido, han requerido documentación sobre las inspecciones y los controles de calidad efectuados, insistiendo en la necesidad de transparencia en el proceso de renovación de la línea ferroviaria.
La simultaneidad de las críticas a la seguridad de la red ferroviaria y las demandas de los familiares de las víctimas pone de manifiesto la urgencia de abordar los problemas inherentes al sistema, que, según Franco, "debe parar y reflexionar" sobre cómo se están llevando a cabo las operaciones de alta velocidad en el país. Este panorama sugiere que el camino hacia la mejora de la seguridad ferroviaria en España requerirá un esfuerzo conjunto entre las administraciones, los técnicos y la sociedad civil para evitar que tragedias similares se repitan en el futuro.