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Expertos advierten sobre la baliza V16 obligatoria en 2026: ¿es realmente necesaria y segura para los conductores en España?

La nueva normativa genera dudas sobre la eficacia de la baliza V16 y los riesgos de su adquisición vía importaciones.

Publicado: 24 de noviembre de 2025, 20:29

La entrada en vigor de la baliza V16 como dispositivo de preseñalización obligatorio en España a partir del 1 de enero de 2026 ha suscitado un intenso debate. Aunque la DGT ha establecido que todos los vehículos deberán contar con esta baliza, los expertos subrayan que su luz intermitente es visible a más de un kilómetro, incluso en condiciones difíciles como lluvia o niebla, y cuenta con un sistema de geolocalización que envía automáticamente la posición del vehículo a la DGT, ayudando a localizarlo rápidamente. Surgen preocupaciones sobre su eficacia y los riesgos asociados a su compra, especialmente a través de importaciones desde Asia. A pesar de ser un avance en seguridad vial, los especialistas cuestionan si la baliza V16 realmente ofrece una solución más efectiva que otros sistemas existentes, como el E-Call. Alfonso García, conocido como 'Motorman', advierte que la baliza no informará a las autoridades en caso de un incidente, manteniendo la responsabilidad en manos del conductor. Además, recalca que los triángulos de emergencia siguen siendo obligatorios en muchos países europeos. La normativa sobre la baliza V16 será única en Europa, lo que ha desatado una batalla comercial de 1.400 millones de euros entre telecomunicaciones y fabricantes.

La implementación de la normativa presenta desafíos logísticos; la DGT ha recomendado a los conductores familiarizarse con la instalación de la baliza, que debe colocarse desde el vehículo sin salir a la carretera, para evitar accidentes. La correcta instalación y uso de la baliza V16 es crucial para su efectividad, especialmente para vehículos con techos de cristal, que presentan dificultades para la fijación de la baliza. Las balizas, que operan con un chip GPS y una tarjeta SIM no extraíble, han comenzado a atraer la atención de los consumidores, a pesar de sus precios que oscilan entre 25 y 70 euros. La Asociación del Transporte Internacional por Carretera (Astic) estima que el sector gastará más de 3,8 millones de euros para adaptarse a esta nueva normativa. Las multas por no cumplir con la normativa pueden alcanzar hasta 200 euros, lo que añade un nivel adicional de urgencia para los conductores a medida que se acerca la fecha de implementación.