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Exigen al Gobierno que rompa el contrato con KKR para la gestión de vivienda pública por su vinculación con la ocupación israelí
Diversas organizaciones sociales y partidos políticos presionan para que no se renueve el contrato con el fondo proisraelí que gestiona inmuebles de la Sareb.
Publicado: 29 de junio de 2025, 12:36
En medio de un creciente clamor social y político, el Gobierno español se enfrenta a la presión para no renovar el contrato con el fondo de capital riesgo Kohlberg Kravis Roberts (KKR), el cual tiene un papel significativo en la gestión de activos de la Sareb, el conocido como "banco malo". Este contrato es crucial, tanto en términos de derechos humanos como de políticas de vivienda, dado que KKR se asocia con actividades que diversos grupos consideran directamente implicadas en la ocupación israelí de territorios palestinos.
Dicha presión se ha solidificado a través de una coalición de voces que incluye a partidos políticos como Esquerra Republicana (ERC) y EH Bildu, así como organizaciones sociales como el Sindicato de Inquilinos y BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones a Israel). Estas entidades argumentan que la continuación de esta relación es un acto de complicidad en el "genocidio" palestino, al canalizar fondos públicos hacia un fondo considerado como un "fondo buitre", que prioriza los beneficios económicos sobre el derecho a una vivienda digna.
El contrato con KKR, que expira en agosto, ha estado sujeto a un creciente escrutinio, en parte porque KKR también posee participaciones en empresas que operan en territorios ocupados, lo que ha intensificado el llamamiento a la acción entre los defensores de los derechos humanos. Este debate no es solo económico; es también un reflejo de la creciente conciencia social sobre la responsabilidad ética que tienen los gobiernos en el manejo de fondos públicos y su relación con la situación en Palestina.
Dicha presión se ha solidificado a través de una coalición de voces que incluye a partidos políticos como Esquerra Republicana (ERC) y EH Bildu, así como organizaciones sociales como el Sindicato de Inquilinos y BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones a Israel). Estas entidades argumentan que la continuación de esta relación es un acto de complicidad en el "genocidio" palestino, al canalizar fondos públicos hacia un fondo considerado como un "fondo buitre", que prioriza los beneficios económicos sobre el derecho a una vivienda digna.
El contrato con KKR, que expira en agosto, ha estado sujeto a un creciente escrutinio, en parte porque KKR también posee participaciones en empresas que operan en territorios ocupados, lo que ha intensificado el llamamiento a la acción entre los defensores de los derechos humanos. Este debate no es solo económico; es también un reflejo de la creciente conciencia social sobre la responsabilidad ética que tienen los gobiernos en el manejo de fondos públicos y su relación con la situación en Palestina.