Exaltos cargos del gobierno de Ayuso eluden comparecencias mientras se intensifican las investigaciones sobre la gestión de residencias durante la pandemia.

La gestión de la pandemia en las residencias de ancianos en la Comunidad de Madrid sigue siendo objeto de controversia y acciones judiciales. Dos de los tres exaltos cargos llamados a declarar en el 'caso residencias', Carlos Mur y Pablo Busca, no se han presentado ante el juzgado, lo que ha llevado a la acusación a solicitar una orden de busca y captura. Se investiga su posible responsabilidad en las muertes de ancianos, ya que se determina si actuaron con una denegación discriminatoria de atención sanitaria.

María Jesús Valero, portavoz de la Asociación '7.291 Verdad y Justicia', ha exigido que los investigados hagan responsable a la jerarquía superior en la toma de decisiones que llevaron a la tragedia, donde las muertes ascienden a más de 7.291. Además, el ex fiscal general Álvaro García Ortiz ha sido condenado por filtrar información confidencial, lo que ha encendido un debate sobre la separación entre deber de reserva y presiones políticas en el sistema judicial.

Con la reactivación de las declaraciones de los ex altos cargos, la presión pública y las manifestaciones de familiares de los fallecidos aumentan, demandando justicia y claridad en este tema tan delicado.