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Exaltos cargos de Ayuso enfrentan ocho imputaciones por su gestión en residencias durante la pandemia
Las investigaciones por discriminación en el acceso a la sanidad se amplían a múltiples juzgados en Madrid y alrededores.
Publicado: 10 de octubre de 2025, 12:01
La situación judicial de los exaltos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por su gestión en las residencias durante la pandemia ha escalado significativamente, con ocho juzgados imputando a varios altos cargos por su responsabilidad en el ‘caso residencias’. Esta denuncia fue impulsada por familiares de las víctimas que denunciaron discriminación en el acceso a la atención sanitaria. Las investigaciones, que se iniciaron en mayo, han atraído atención pública, incrementando el número de imputados y juzgados involucrados en el proceso judicial. Recientemente, estas investigaciones han sido acompañadas de una serie de declaraciones que destacan la falta de cumplimiento de la normativa actual sobre derechos médicos, en particular en el ámbito del aborto.
Las familias afectadas han formado asociaciones para demandar justicia, resaltando la prolongada espera sin condenas. Se han imputado a altos cargos como Carlos Mur, exdirector general de Coordinación Sociosanitaria, y su sucesor Javier Martínez Peromingo, entre otros. A pesar de los avances, hay frustración entre los abogados por la falta de resolución en los procedimientos, temiendo que la lentitud pueda causar la prescripción de delitos y complicar aún más el proceso judicial.
El movimiento de protesta por parte de los familiares sigue creciendo, con 109 familias luchando por justicia. Se anticipa que las citaciones a los ex altos cargos se realicen en noviembre y diciembre, lo que podría ser un paso hacia la justicia que estas familias demandan. La situación ha sido calificada como esperanzadora por los colectivos que representan a las víctimas, que continúan su lucha por el reconocimiento y la justicia. En el contexto de estas investigaciones, han emergido críticas hacia Ayuso por su reciente rechazo a cumplir con la creación de un registro de médicos objetores en el aborto, destacando la tensión entre su gobierno y el Partido Popular nacional, que ha instado al cumplimiento de la ley.
Las familias afectadas han formado asociaciones para demandar justicia, resaltando la prolongada espera sin condenas. Se han imputado a altos cargos como Carlos Mur, exdirector general de Coordinación Sociosanitaria, y su sucesor Javier Martínez Peromingo, entre otros. A pesar de los avances, hay frustración entre los abogados por la falta de resolución en los procedimientos, temiendo que la lentitud pueda causar la prescripción de delitos y complicar aún más el proceso judicial.
El movimiento de protesta por parte de los familiares sigue creciendo, con 109 familias luchando por justicia. Se anticipa que las citaciones a los ex altos cargos se realicen en noviembre y diciembre, lo que podría ser un paso hacia la justicia que estas familias demandan. La situación ha sido calificada como esperanzadora por los colectivos que representan a las víctimas, que continúan su lucha por el reconocimiento y la justicia. En el contexto de estas investigaciones, han emergido críticas hacia Ayuso por su reciente rechazo a cumplir con la creación de un registro de médicos objetores en el aborto, destacando la tensión entre su gobierno y el Partido Popular nacional, que ha instado al cumplimiento de la ley.