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Ex altos cargos de Ayuso ante la justicia por los 'protocolos de la vergüenza' tras múltiples intentos de declaración
La gestión de las residencias durante la pandemia vuelve al centro del debate judicial con implicados que no se presentan en los juicios.
Publicado: 9 de diciembre de 2025, 16:30
La crisis provocada por la gestión de las residencias durante la pandemia de COVID-19 en la Comunidad de Madrid se reaviva con la reactivación del 'caso residencias', que implica a tres ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Estos están llamados a declarar como imputados por delitos relacionados con los 'protocolos de la vergüenza'. A pesar de dos intentos fallidos, solo uno de ellos se presentó a declarar, lo que ha llevado a las acusaciones a solicitar su busca y captura.
Las asociaciones Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia han mobilizado a las familias de las víctimas, ya que se reporta que más de 7.291 residentes fallecieron sin recibir atención médica adecuada. Esta situación ha causado indignación y manifestaciones exigiendo justicia, mientras que algunos implicados reconocen que los protocolos perjudicaron a muchos.
Los juicios adoptan un nuevo enfoque basado en una denuncia colectiva, lo que ofrece esperanza a las familias de que se realice una investigación más exhaustiva. Los implicados podrían enfrentar serias consecuencias penales, y la representación legal de las familias destaca la necesidad de reformas para evitar repetición de estos hechos en el futuro.
Las asociaciones Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia han mobilizado a las familias de las víctimas, ya que se reporta que más de 7.291 residentes fallecieron sin recibir atención médica adecuada. Esta situación ha causado indignación y manifestaciones exigiendo justicia, mientras que algunos implicados reconocen que los protocolos perjudicaron a muchos.
Los juicios adoptan un nuevo enfoque basado en una denuncia colectiva, lo que ofrece esperanza a las familias de que se realice una investigación más exhaustiva. Los implicados podrían enfrentar serias consecuencias penales, y la representación legal de las familias destaca la necesidad de reformas para evitar repetición de estos hechos en el futuro.