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Evo Morales enfrenta orden de captura por protestas y acusaciones de terrorismo
La Fiscalía boliviana lo señala por su implicación en bloqueos que generaron crisis social.
Publicado: 30 de julio de 2026, 08:55
La Fiscalía de Bolivia ha emitido una orden de captura contra el expresidente Evo Morales, tras su supuesta implicación en las protestas que llevaron a bloqueos en el país entre mayo y junio de 2026. Los disturbios, motivados por la demanda de renuncia del actual presidente Rodrigo Paz, dejaron como legado un marcado desabastecimiento de bienes y un impacto económico severo.
Esta decisión del juez, dictada por el fiscal Brayan Melgar, se basa en la denuncia presentada por líderes cívicos de Santa Cruz, apoyados posteriormente por el Ministerio de Gobierno. Morales enfrenta acusaciones de seis delitos, que incluyen terrorismo, alzamientos armados contra la seguridad del Estado, atentados a la seguridad de los medios de transporte, y asociación delictuosa, entre otros.
El conflicto que provocó la orden de captura se desarrolló durante más de 50 días, donde sectores como campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB) realizaron bloqueos de carreteras en distintas regiones del país. Se alegó que la gestión de Paz no atendía adecuadamente las demandas sociales, lo que desató un clima de tensión que culminó en acciones reivindicativas que provocaron graves alteraciones al orden público. Según informes, al menos 22 personas perdieron la vida durante estos eventos, y se reportaron también 88 heridos.
Morales ha respondido a las acusaciones señalando que el gobierno actual está tratando de desviar la atención del verdadero estado de crisis económica y social en Bolivia. A través de redes sociales, defendió que sus movilizaciones no buscaban la renuncia del presidente, sino una respuesta adecuada a las demandas de los sectores en conflicto. El exmandatario se ha mantenido activo en el debate político, advirtiendo que las jurisdicciones penales no solucionarán los problemas que enfrentan los ciudadanos.
El desarrollo de las protestas y su finalización se timbraron con la declaración de un estado de excepción el 20 de junio por parte de Paz. Esta medida permitió levantar los bloqueos y restablecer el orden, mediante el despliegue policial y militar para retirar obstáculos en las carreteras. Sin embargo, la situación preexistía bajo una sombra de críticas, en donde el eco de la insatisfacción popular parecía resonar más fuerte que las decisiones políticas.
Morales sostiene que la crisis en curso es un legado de un modelo que ha fallado en su misión de estar al servicio del pueblo, y reiteró su compromiso de permanecer luchando al lado de quienes enfrentan problemas económicos, sumados al impacto de la inseguridad y el narcotráfico en la región. Junto a Morales, la orden de aprehensión también apunta a otros líderes sociales, como Mario Argollo y Vicente Salazar, quienes han estado igualmente involucrados en las protestas.
A pesar de las presiones legales, Morales permanece en su bastión político en el Trópico de Cochabamba, protegido por un numeroso grupo de seguidores. En otro frente, enfrenta una investigación relacionada con un caso de trata agravada de personas que también ha llevado a declaraciones en rebeldía por parte del sistema judicial.
Esta decisión del juez, dictada por el fiscal Brayan Melgar, se basa en la denuncia presentada por líderes cívicos de Santa Cruz, apoyados posteriormente por el Ministerio de Gobierno. Morales enfrenta acusaciones de seis delitos, que incluyen terrorismo, alzamientos armados contra la seguridad del Estado, atentados a la seguridad de los medios de transporte, y asociación delictuosa, entre otros.
El conflicto que provocó la orden de captura se desarrolló durante más de 50 días, donde sectores como campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB) realizaron bloqueos de carreteras en distintas regiones del país. Se alegó que la gestión de Paz no atendía adecuadamente las demandas sociales, lo que desató un clima de tensión que culminó en acciones reivindicativas que provocaron graves alteraciones al orden público. Según informes, al menos 22 personas perdieron la vida durante estos eventos, y se reportaron también 88 heridos.
Morales ha respondido a las acusaciones señalando que el gobierno actual está tratando de desviar la atención del verdadero estado de crisis económica y social en Bolivia. A través de redes sociales, defendió que sus movilizaciones no buscaban la renuncia del presidente, sino una respuesta adecuada a las demandas de los sectores en conflicto. El exmandatario se ha mantenido activo en el debate político, advirtiendo que las jurisdicciones penales no solucionarán los problemas que enfrentan los ciudadanos.
El desarrollo de las protestas y su finalización se timbraron con la declaración de un estado de excepción el 20 de junio por parte de Paz. Esta medida permitió levantar los bloqueos y restablecer el orden, mediante el despliegue policial y militar para retirar obstáculos en las carreteras. Sin embargo, la situación preexistía bajo una sombra de críticas, en donde el eco de la insatisfacción popular parecía resonar más fuerte que las decisiones políticas.
Morales sostiene que la crisis en curso es un legado de un modelo que ha fallado en su misión de estar al servicio del pueblo, y reiteró su compromiso de permanecer luchando al lado de quienes enfrentan problemas económicos, sumados al impacto de la inseguridad y el narcotráfico en la región. Junto a Morales, la orden de aprehensión también apunta a otros líderes sociales, como Mario Argollo y Vicente Salazar, quienes han estado igualmente involucrados en las protestas.
A pesar de las presiones legales, Morales permanece en su bastión político en el Trópico de Cochabamba, protegido por un numeroso grupo de seguidores. En otro frente, enfrenta una investigación relacionada con un caso de trata agravada de personas que también ha llevado a declaraciones en rebeldía por parte del sistema judicial.