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España se enfrenta al endurecimiento de la política migratoria de la UE con el rechazo de los "centros Meloni" de deportación
El Gobierno español, liderado por Pedro Sánchez, expresa su disidencia en la reciente reunión en Bruselas mientras la UE aprueba medidas restrictivas.
Publicado: 29 de diciembre de 2025, 11:28
En una reciente reunión del Consejo de Asuntos de Interior de la Unión Europea, se aprobaron medidas que endurecen la política migratoria del bloque, dejando a España en una posición aislada. Estas medidas, impulsadas por la primera ministra italiana Giorgia Meloni, permiten crear centros de deportación en países seguros, lo que ha sido criticado por varios actores en Europa. El ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, ha expresado sus dudas sobre la viabilidad y conformidad de estas medidas con los derechos humanos.
Las nuevas regulaciones implican también la reubicación de 21,000 migrantes y un apoyo financiero de 420 millones de euros a los países más afectados, cifras inferiores a las exigidas por España. Marlaska defiende que las políticas migratorias deben respetar los valores y principios de la Unión Europea, argumentando en contra de un endurecimiento que comprometa los derechos fundamentales de los migrantes.
La situación refleja una tendencia hacia la atención a las preocupaciones de Estados con gobiernos más conservadores, priorizando la seguridad y control migratorio, mientras que España busca mantener una postura que defienda los derechos humanos en la gestión migratoria.
Las nuevas regulaciones implican también la reubicación de 21,000 migrantes y un apoyo financiero de 420 millones de euros a los países más afectados, cifras inferiores a las exigidas por España. Marlaska defiende que las políticas migratorias deben respetar los valores y principios de la Unión Europea, argumentando en contra de un endurecimiento que comprometa los derechos fundamentales de los migrantes.
La situación refleja una tendencia hacia la atención a las preocupaciones de Estados con gobiernos más conservadores, priorizando la seguridad y control migratorio, mientras que España busca mantener una postura que defienda los derechos humanos en la gestión migratoria.