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España lanza el registro único de alquileres turísticos y de temporada con más de 200.000 solicitudes registradas
Con el nuevo sistema, se busca regular el mercado y erradicar los alojamientos ilegales en el país.
Publicado: 30 de junio de 2025, 21:14
Este martes, España inicia la implementación del registro único de alquileres turísticos y de temporada, un sistema que tiene como objetivo regular los alojamientos de corta duración para garantizar que operen dentro de la legalidad. Hasta la fecha, aproximadamente 215.438 solicitudes han sido recibidas, de las cuales 94.209 han sido activas definitivamente, mientras que 102.732 permanecen en estado provisional, en espera de verificación. De las solicitudes recibidas, 15.575 han sido revocadas, lo que demuestra que aún hay un amplio margen para regularizar el mercado. Este nuevo registro surge en respuesta a la creciente necesidad de atajar el fraude y la proliferación de alojamientos ilegales en el sector turístico.
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha afirmado que, a partir de ahora, cualquier anuncio en plataformas digitales de alquiler debe incluir un número de registro para ser considerado válido. Las comunidades autónomas que más solicitudes han registrado representan más del 82% del total, concentrándose principalmente en Andalucía, Canarias, Cataluña y la Comunidad Valenciana. En Andalucía, Málaga se destaca con 27.936 solicitudes de alquiler turístico, y en Canarias, Gran Canaria y Tenerife combinan más de 30.000 solicitudes.
La normativa busca no solo identificar a los alojamientos legales, sino también sancionar a aquellos que incumplan con los requisitos establecidos. Desde el 1 de julio, todos los alquileres turísticos y de temporada deben contar con un número de registro único para anunciarse en plataformas online. Airbnb se ha comprometido a prohibir la publicación de nuevos anuncios que no cuenten con el número de registro, y eventualmente se aplicarán sanciones tanto a propietarios como a plataformas que no cumplan con la ley, con multas que pueden oscilar entre los 2.000 euros y los 500.000 euros dependiendo de la gravedad de la infracción. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha subrayado la necesidad de regular este tipo de alojamientos para proteger a los vecinos de las dificultades que suelen sufrir ante la creciente oferta ilegal.
Esta medida se considera un avance significativo, ya que España se convierte en el primer país de la Unión Europea en implementar una herramienta de este tipo a nivel nacional. Además, la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos, lanzada por el Ministerio, servirá como plataforma para la transmisión electrónica de datos entre las plataformas de alquiler y las autoridades competentes, facilitando así el control y la transparencia en este sector en auge. Desde principios de año, el registro había sido voluntario, pero ahora se vuelve esencial para operar en el mercado de alquiler de corta duración. Esta transición representa un esfuerzo del gobierno español por erradicar el fraude y garantizar un entorno más seguro tanto para propietarios como para inquilinos.
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha afirmado que, a partir de ahora, cualquier anuncio en plataformas digitales de alquiler debe incluir un número de registro para ser considerado válido. Las comunidades autónomas que más solicitudes han registrado representan más del 82% del total, concentrándose principalmente en Andalucía, Canarias, Cataluña y la Comunidad Valenciana. En Andalucía, Málaga se destaca con 27.936 solicitudes de alquiler turístico, y en Canarias, Gran Canaria y Tenerife combinan más de 30.000 solicitudes.
La normativa busca no solo identificar a los alojamientos legales, sino también sancionar a aquellos que incumplan con los requisitos establecidos. Desde el 1 de julio, todos los alquileres turísticos y de temporada deben contar con un número de registro único para anunciarse en plataformas online. Airbnb se ha comprometido a prohibir la publicación de nuevos anuncios que no cuenten con el número de registro, y eventualmente se aplicarán sanciones tanto a propietarios como a plataformas que no cumplan con la ley, con multas que pueden oscilar entre los 2.000 euros y los 500.000 euros dependiendo de la gravedad de la infracción. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha subrayado la necesidad de regular este tipo de alojamientos para proteger a los vecinos de las dificultades que suelen sufrir ante la creciente oferta ilegal.
Esta medida se considera un avance significativo, ya que España se convierte en el primer país de la Unión Europea en implementar una herramienta de este tipo a nivel nacional. Además, la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos, lanzada por el Ministerio, servirá como plataforma para la transmisión electrónica de datos entre las plataformas de alquiler y las autoridades competentes, facilitando así el control y la transparencia en este sector en auge. Desde principios de año, el registro había sido voluntario, pero ahora se vuelve esencial para operar en el mercado de alquiler de corta duración. Esta transición representa un esfuerzo del gobierno español por erradicar el fraude y garantizar un entorno más seguro tanto para propietarios como para inquilinos.