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Escándalo en Getxo: La Ertzaintza investiga el derribo de un palacete protegido que involucra a concejales del PNV
Dos concejales del PNV están bajo investigación por el derribo irregular de un palacete, generando críticas y preocupaciones en la comunidad.
Publicado: 16 de enero de 2026, 16:23
En el municipio de Getxo, Vizcaya, las últimas semanas se han visto marcadas por un escándalo relacionado con la presunta demolición ilegal de un palacete protegido. La Ertzaintza ha llevado a cabo registros en el Ayuntamiento siguiendo órdenes judiciales, en lo que se ha denominado el 'caso Palacete'. Este evento ha centrado la atención en la participación de dos concejales del PNV, Ignacio Uriarte e Irantzu Uriarte, quienes son pareja y también formaban parte de la cooperativa que promovió la construcción de viviendas de lujo en el terreno donde se encontraba el palacete.
El edificio, conocido como Irurak Bat, data de 1845 y estaba catalogado como Bien de Interés Cultural. Se había previsto que el palacete fuese restaurado y su fachada conservada como parte de un proyecto de reconversión en doce viviendas; sin embargo, en agosto de 2024, la constructora derribó el inmueble por completo, lo que llevó al Ayuntamiento a abrir un expediente que culminó en una multa de 50.000 euros para la cooperativa. El registro realizado por la Ertzaintza se centró en el área de Urbanismo del Ayuntamiento, donde se incautaron ordenadores y documentación de los concejales implicados.
A pesar de las acusaciones y preocupaciones, el PNV ha manifestado su confianza en la legalidad de las acciones llevadas a cabo por su administración y ha reiterado que actuará con firmeza ante cualquier compromiso ético o legal que se pudiese comprobar.
El edificio, conocido como Irurak Bat, data de 1845 y estaba catalogado como Bien de Interés Cultural. Se había previsto que el palacete fuese restaurado y su fachada conservada como parte de un proyecto de reconversión en doce viviendas; sin embargo, en agosto de 2024, la constructora derribó el inmueble por completo, lo que llevó al Ayuntamiento a abrir un expediente que culminó en una multa de 50.000 euros para la cooperativa. El registro realizado por la Ertzaintza se centró en el área de Urbanismo del Ayuntamiento, donde se incautaron ordenadores y documentación de los concejales implicados.
A pesar de las acusaciones y preocupaciones, el PNV ha manifestado su confianza en la legalidad de las acciones llevadas a cabo por su administración y ha reiterado que actuará con firmeza ante cualquier compromiso ético o legal que se pudiese comprobar.